El auto acuerda tramitar las diligencias previas por el cauce del procedimiento abreviado, un paso procesal que en el sistema español permite avanzar hacia la eventual apertura de juicio oral sin necesidad de convertir la instrucción en sumario ordinario, reservado este último a los delitos con penas más graves. La resolución no supone condena ni apertura formal de juicio, sino la constatación de que existen indicios que justifican continuar el procedimiento contra la regidora.
El origen del caso se remonta a la difusión de un parte policial que recogía dos denuncias por agresión sexual y que, según la investigación judicial, habría sido filtrado y empleado para vincular esos hechos con personas de origen migrante. La causa analiza si esa filtración partió del entorno de la alcaldesa y si su posterior difusión en redes sociales respondió a un uso indebido de información reservada obtenida por razón del cargo.
Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares por el Partido Popular, se convierte así en la principal investigada de un procedimiento que se instruye en los juzgados de la localidad madrileña. En la causa ejerce la acusación particular el PSOE, según consta en el propio procedimiento, lo que añade una derivada política al caso en un municipio que en mayo de 2026 ya afrontaba, según informó la prensa, otros frentes: la propia alcaldesa figuraba investigada en asuntos previos y su entonces número tres, de Vox, había sido objeto de acusaciones de acoso.
Los delitos investigados y sus penas
El delito de infidelidad en la custodia de documentos, recogido en el artículo 413 del Código Penal, castiga a la autoridad o funcionario que sustraiga, destruya, inutilice u oculte documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, con penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación. La revelación de secretos por funcionario público, tipificada en el artículo 417, contempla penas de prisión y suspensión cuando se divulgan datos reservados conocidos por razón del oficio y de ello se deriva perjuicio para la causa pública o para terceros. Ambos figuran entre los delitos cometidos por funcionarios contra la Administración pública.
La aplicación de estos tipos a un cargo electo no es frecuente en la jurisprudencia reciente, aunque existen precedentes de regidores investigados por uso indebido de información municipal reservada, habitualmente en el ámbito urbanístico o de contratación. Desde la Transición, la investigación penal de alcaldes en ejercicio se ha vinculado sobre todo a causas de corrupción o prevaricación urbanística, no a la filtración de atestados policiales sobre denuncias de agresión sexual.
La legislación española no contempla la suspensión automática de un alcalde por estar investigado penalmente. La Ley de Bases del Régimen Local reserva la suspensión del cargo a supuestos tasados, como el auto de procesamiento firme por delitos de terrorismo, rebelión o sedición, o la condena firme con inhabilitación. Ello explica que Piquet pueda continuar al frente del Ayuntamiento mientras avanza el procedimiento.
La defensa de la alcaldesa no ha detallado públicamente su estrategia, y Piquet mantiene el cargo sin haber anunciado su dimisión. El Partido Popular tampoco se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, si bien la formación ha respaldado en el pasado la gestión de su alcaldesa frente a otras investigaciones. El PSOE, como acusación particular, impulsa la continuación de la causa. Ninguna instancia judicial ha determinado hasta ahora la autoría de las agresiones sexuales que originaron el atestado, que siguen su propio curso procesal, independiente de la causa contra la regidora.
El auto conocido este jueves traslada el asunto a la siguiente fase: corresponde ahora al Ministerio Fiscal y a las acusaciones, incluida la particular del PSOE, formular escrito de acusación, tras lo cual la defensa de Piquet podrá presentar el suyo antes de que un juzgado de lo penal decida si procede abrir juicio oral o archivar la causa. El calendario judicial no ha fijado todavía fecha para esa posible apertura de juicio.
La instrucción se produce en un contexto de debate nacional sobre inmigración y seguridad en el que distintas formaciones han apelado a sucesos de violencia sexual para reforzar sus posiciones migratorias. El principio de presunción de inocencia rige tanto para la alcaldesa investigada como para los presuntos autores de las agresiones sexuales originales, cuya identidad y responsabilidad no han sido establecidas judicialmente.
