El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reclamado al PSOE y al PSC sus movimientos bancarios correspondientes a 2024 y 2025 en el marco del denominado caso Leire, una investigación judicial en curso. La solicitud se produce a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que había requerido previamente a la Agencia Tributaria que informara sobre el patrimonio de ambas formaciones políticas, sus declaraciones fiscales, las operaciones realizadas con terceras personas y las disposiciones efectuadas en ese periodo.
La petición de la UCO
La UCO, unidad especializada de la Guardia Civil con competencias en investigación de delitos económicos y de corrupción, había dirigido su solicitud a la Agencia Tributaria en el contexto de las diligencias abiertas en el caso Leire. El objeto de esa petición abarcaba, según el material disponible, no solo los extractos bancarios sino también el patrimonio declarado, las relaciones económicas con terceros y las disposiciones realizadas por ambos partidos durante el periodo investigado. El juez Pedraz, instructor del caso en la Audiencia Nacional, ha trasladado esa solicitud en forma de requerimiento judicial a las propias organizaciones.
Por qué importa
Que un juzgado de la Audiencia Nacional requiera a dos partidos políticos —uno de ámbito estatal y otro de ámbito catalán, ambos integrantes de la misma familia política— la documentación bancaria de dos ejercicios completos constituye una medida de singular alcance en la judicatura española. Los partidos políticos están sujetos a la Ley Orgánica 3/2015, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, y rinden cuentas ante el Tribunal de Cuentas, pero la apertura de una línea de investigación judicial sobre sus movimientos financieros activa un escrutinio de naturaleza distinta, con capacidad coercitiva y bajo secreto de sumario.
El caso Leire y su objeto
El caso Leire es la denominación con la que se conoce la investigación instruida por Pedraz en la Audiencia Nacional. El material verificado disponible no permite precisar en esta pieza la totalidad del objeto del procedimiento ni los hechos concretos que motivaron su apertura, extremos que permanecen sujetos a las limitaciones propias del secreto sumarial. Lo que sí consta es que la UCO actúa como policía judicial en la causa y que su interés se extiende a la estructura financiera de ambas formaciones en un tramo temporal reciente.
El papel de la Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria dispone, en virtud de la Ley General Tributaria y de los mecanismos de colaboración con la Administración de Justicia, de acceso a información patrimonial y fiscal que los juzgados pueden requerir mediante comisión rogatoria o mandamiento judicial. En el esquema descrito por la UCO, la Agencia Tributaria habría actuado como vía de obtención de datos antes de que el juez formalizara el requerimiento directo a los partidos. Esta doble vía —primero tributaria, después judicial— es un procedimiento habitual en investigaciones de naturaleza económica.
Posición de las partes
El material verificado no recoge declaraciones públicas del PSOE ni del PSC en respuesta al requerimiento judicial, ni tampoco pronunciamientos del Ministerio Fiscal o de las acusaciones personadas, en caso de existir.
Contexto y precedente
La investigación judicial sobre las finanzas de partidos políticos cuenta con precedentes en el ordenamiento español. El caso de la financiación ilegal del PP —que derivó en condenas firmes del Tribunal Supremo en 2018— y las causas abiertas en distintas comunidades autónomas por presuntas irregularidades en la contabilidad de otras formaciones establecieron que los partidos no gozan de inmunidad frente a la instrucción penal en materia económica. La Audiencia Nacional tiene competencia cuando los hechos investigados revisten caracteres de delito con repercusión en más de un territorio o cuando así lo establece su norma habilitante.
Próximos pasos
El cumplimiento del requerimiento judicial por parte del PSOE y el PSC, el plazo fijado por el instructor para la entrega de la documentación y el curso posterior de las diligencias marcarán el desarrollo inmediato de la causa. La instrucción permanece abierta y cualquier novedad sustantiva estará condicionada por las decisiones que adopte el juez Pedraz a la vista de la información que reciba.
