La decisión mantiene a Rodríguez dentro del perímetro de investigados de la causa que instruye el juez sobre la presunta trama de contratación irregular vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García. La resolución responde al recurso de reforma que la defensa formalizó el 20 de julio contra el auto que la había situado en condición de imputada.
El eje de la resolución es la sospecha de que Rodríguez habría figurado como perceptora de una retribución sin que conste la efectiva prestación de servicios que la justificara. Es esa disociación entre el cobro y el trabajo —según el razonamiento del instructor— la que sostiene la imputación y la que el magistrado considera que la defensa no ha logrado desvirtuar con su recurso.
El juez fundamenta el rechazo en la "falta de motivación" del escrito impugnatorio: entiende que la defensa no aportó argumentos jurídicos suficientes para rebatir los indicios que motivaron la decisión inicial. En la práctica, no se trata de una nueva valoración del fondo del asunto, sino de la constatación de que el recurso no cumplía con la carga argumentativa exigible para revertir la medida.
Qué implica la condición de investigada
La condición de investigado —denominación que sustituyó a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015— no supone una condena ni un pronunciamiento sobre la culpabilidad, sino la atribución formal de una posible responsabilidad penal que habilita a la persona a ejercer su derecho de defensa desde el inicio de la instrucción. Rodríguez conserva, por tanto, la presunción de inocencia y todas las garantías procesales, incluida la posibilidad de recurrir en apelación ante la instancia superior.
El recurso de reforma, previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es el cauce ordinario para pedir al mismo juez que revise una de sus resoluciones. Su desestimación no agota la vía: la defensa puede acudir al recurso de apelación ante el órgano colegiado correspondiente, que sería quien revisaría en segunda instancia la procedencia de mantener la imputación.
Rodríguez, expareja de Ábalos, figura en una investigación que se ramificó a partir de las pesquisas sobre presuntas comisiones en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia, un procedimiento que ha alcanzado a varios de los antiguos colaboradores del exministro. La causa acumula distintas piezas y ha ido incorporando a nuevos investigados a medida que la instrucción avanzaba.
La defensa de Rodríguez había sostenido la improcedencia de la imputación con el recurso presentado el 20 de julio, ahora rechazado; le queda abierta la vía de la apelación para reproducir sus argumentos ante la instancia superior. Tanto la investigada como los demás afectados por la causa mantienen la presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme.
En el ámbito de las causas por corrupción, no es infrecuente que la condición de investigado se prolongue durante largas fases de instrucción antes de que el juez decida el archivo o la apertura de juicio oral. Precedentes de la etapa democrática —desde el caso Gürtel hasta los ERE de Andalucía— muestran instrucciones que se extendieron durante años y que sumaron y descartaron investigados sucesivamente antes de llegar a la fase de enjuiciamiento.
A partir de ahora, la instrucción continúa su curso. Si la defensa opta por recurrir en apelación, será el tribunal superior quien resuelva sobre la permanencia de Rodríguez como investigada; de no hacerlo, la imputación quedaría consolidada a la espera de las diligencias que el instructor considere necesarias antes de decidir sobre el eventual procesamiento.
