El fuego comenzó hacia las cinco de la tarde, cuando, según la investigación, las llamas prendieron los cartones y embalajes acumulados en el contenedor de la zona de carga y descarga. La combustión generó de inmediato una densa humareda negra que obligó a activar el desalojo de las tres plantas del complejo, uno de los más antiguos y concurridos del norte de Madrid, abierto desde 1983.
La primera respuesta corrió a cargo del propio servicio de seguridad de La Vaguada, que inició la evacuación antes de la llegada de los servicios de emergencia. Poco después se sumaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Municipal y los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que desplegaron hasta diez dotaciones para sofocar el incendio y perimetrar la zona.
Con las llamas ya controladas, los bomberos mantuvieron los trabajos de refresco y revisión durante el resto de la tarde para descartar que alguna persona hubiera quedado atrapada en el interior o en las áreas colindantes al muelle. Los servicios sanitarios de Samur-Protección Civil atendieron a un vigilante de seguridad por una intoxicación leve provocada por la inhalación de humo, sin que se registraran otras víctimas.
De las cámaras del muelle a la detención de madrugada
En paralelo a la extinción, agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la comisaría de Fuencarral-El Pardo iniciaron las pesquisas para determinar el origen del fuego. El análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del muelle permitió constatar, según fuentes policiales, que el incendio no fue accidental, sino una acción deliberada.
Con esa base, los investigadores distribuyeron el vídeo del presunto autor entre las patrullas desplegadas en la zona. La difusión dio resultado en torno a la una de la madrugada, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano localizó en la avenida Monforte de Lemos a un varón que, al advertir la presencia policial, intentó ocultarse agazapándose entre los vehículos aparcados. Vestía la misma ropa que el hombre captado por las cámaras, lo que permitió su identificación y detención.
Según la reconstrucción policial de los hechos, el detenido —un ciudadano español de 52 años con antecedentes por quebrantamiento de condena y robo con violencia— habría actuado movido por el resentimiento tras ser expulsado del centro comercial. El personal de seguridad le habría sorprendido minutos antes tratando de sustraer mercancía en varios establecimientos y le habría conminado a abandonar las instalaciones. En lugar de marcharse, según la hipótesis de la investigación, rodeó el edificio por el exterior hasta situarse frente al muelle 2 y arrojó allí la colilla encendida sobre el contenedor de cartón como represalia por la expulsión.
El Grupo de Policía Judicial de Fuencarral-El Pardo, que continúa con la investigación abierta, no descarta, según las mismas fuentes, que se le puedan imputar delitos adicionales a medida que avancen las pesquisas, entre ellos el intento de hurto en los comercios que habría motivado su expulsión previa. En esta fase, el detenido conserva la condición de investigado y le asiste el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.
Un delito con pena agravada por el riesgo a las personas
El delito de daños por incendio está tipificado en el artículo 266 del Código Penal, que agrava las penas cuando el fuego se provoca en circunstancias que ponen en peligro la vida o la integridad de las personas. La instrucción corresponde al juzgado de guardia que reciba el atestado policial, que deberá decidir sobre las medidas cautelares aplicables al investigado, entre ellas una eventual prisión provisional si aprecia riesgo de fuga o de reiteración delictiva.
La normativa de protección contra incendios en establecimientos de pública concurrencia, recogida en el Código Técnico de la Edificación, exige planes de evacuación y sistemas de detección precisamente para escenarios como el vivido en La Vaguada, donde la rapidez de la reacción del personal de seguridad resultó determinante para evitar daños personales de mayor gravedad. Los desalojos de grandes superficies por conatos de incendio o falsas alarmas no son infrecuentes en España, aunque los casos de origen intencionado y con ánimo de venganza son excepcionales.
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento no han informado, por el momento, de pérdidas económicas derivadas del suceso ni de la afectación a los comercios de las inmediaciones del muelle. La dirección del centro comercial tampoco ha detallado si el incidente obligará a un cierre prolongado de alguna de sus zonas para labores de reparación.
El caso queda ahora en manos del juzgado instructor, que deberá tomar declaración al investigado, valorar las pruebas aportadas por la Policía Nacional —entre ellas las grabaciones del muelle de carga— y resolver sobre su situación personal. De confirmarse los indicios que apunta la investigación, el procedimiento podría derivar en una acusación formal por daños por incendio, sin perjuicio de que se sumen otros delitos conexos como el hurto previo en los comercios.
