Su método, siempre según la reconstrucción policial, consistía en la suplantación de altos ejecutivos de compañías petroleras estatales —principalmente PDVSA, la venezolana, y en al menos una ocasión Pemex, la mexicana— para negociar contratos multimillonarios de construcción de plantas industriales, suministro de crudo o fletes de buques, cobrando comisiones que en varios episodios habrían superado los tres millones de dólares. El propio detenido operó bajo un rosario de identidades robadas: José Trinidad Márquez, William Jaramillo o Domingo Galán Macías, entre otras.
El primer episodio documentado se remonta a 1991, cuando se habría hecho pasar por ejecutivo de PDVSA para cerrar con la constructora estadounidense Stone & Webster un contrato de una planta de etileno, obteniendo comisiones por 3,5 millones de marcos alemanes y otros tantos en dólares. Tres años más tarde habría repetido el esquema con la promesa de una planta de olefinas en el estado venezolano de Anzoátegui, esta vez por 1,2 millones de dólares.
La lista de presuntas víctimas se extendió por varios continentes. La suiza Vitol lo demandó en 1997 ante un tribunal de Florida tras hacerse pasar de nuevo por directivo de PDVSA con una oferta de 120.000 barriles diarios de crudo, operación por la que habría sumado una comisión de 3,75 millones. A ese listado se añaden compañías estadounidenses y austriacas como Cooper Rolls (Ohio), Icec (Nueva York), Intel Chemical Co. (Tulsa) o Lewag (Viena), además de la alemana Linde, según la documentación consultada por ABC.
De Astilleros Españoles a la cárcel de El Junquito
En España, el nombre de Trinidad Márquez apareció por primera vez en 1998, cuando intentó cerrar con Astilleros Españoles un contrato para la construcción de 26 buques tanque por 1.680 millones de dólares, exigiendo el pago del 30% a la firma y reservándose una comisión del 1%, unos 800.000 dólares. Para dar credibilidad a la operación llegó a exhibir un cheque de la Unión de Bancos Suizos por 504 millones. La compañía española, sin embargo, sospechó durante la negociación y contactó con PDVSA, que confirmó la suplantación. La Policía lo detuvo el 23 de enero de 1998 en el hotel Husa Princesa de Madrid, un día antes de la firma prevista y sin que le constaran antecedentes en el país.
Aquella detención derivó en su extradición a Venezuela, donde cumplió prisión en el centro penitenciario de El Junquito. Según los archivos policiales, el recluso habría sobornado al director del centro —posteriormente destituido— para obtener privilegios inusuales: cama de matrimonio, ordenador, microondas, dos líneas de teléfono fijas y frigorífico, antes de ser trasladado al pabellón reservado a los internos de perfil elevado.
El historial no se detuvo ahí. En 2003 habría solicitado acogerse a la protección de un tribunal de bancarrotas de Texas haciéndose pasar por consejero delegado de Pemex, un amparo legal que, según la misma fuente, mantuvo vigente hasta 2008.
Uno de los episodios de mayor repercusión diplomática se produjo en marzo de 2009. Con la identidad del entonces ministro venezolano para el Poder Popular de la Energía —cargo que llevaba aparejada la presidencia de PDVSA bajo el Gobierno de Hugo Chávez—, habría engañado telefónicamente al embajador de España en Caracas, Dámaso de Lario Ramírez, para intentar cerrar un contrato de 210 millones de dólares en favor de Técnicas Reunidas, entonces cotizada en el IBEX 35, destinado a la construcción de una planta termoeléctrica. La comisión pactada, de dos millones, no llegó a materializarse, aunque el episodio muestra hasta qué punto el presunto estafador logró infiltrarse en canales diplomáticos oficiales, y no solo en despachos corporativos.
El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de verificación de identidad que emplean las grandes corporaciones industriales antes de cerrar contratos internacionales de elevada cuantía, en un sector donde la opacidad de las petroleras estatales latinoamericanas habría facilitado la suplantación reiterada de sus directivos durante años, sin un protocolo homogéneo de comprobación entre gobiernos y empresas.
En el plano penal, el Código Penal español tipifica la estafa en su artículo 248, con agravantes cuando la cuantía defraudada resulta especialmente elevada o media abuso de las relaciones de credibilidad empresarial del autor. De confirmarse los hechos atribuidos en territorio español, la actuación podría derivar en una nueva causa en los juzgados de Madrid, sin perjuicio de las responsabilidades ya derivadas de su historial en Venezuela y Estados Unidos.
La suplantación corporativa de gran escala no es inédita en la crónica judicial internacional. El llamado «fraude del CEO» —consistente en hacerse pasar por altos directivos para ordenar transferencias— es advertido periódicamente por Europol e Interpol como una modalidad de ingeniería social en expansión, que combina documentación falsificada y conocimiento detallado de los organigramas de las compañías suplantadas.
A la espera de que se determine si el detenido pasa a disposición judicial en España o si existen requisitorias internacionales pendientes de ejecución —dado el historial de órdenes de búsqueda y prohibiciones de entrada y salida que constan en su expediente—, el caso reabre el debate sobre la persecución transnacional de estos delitos, cuya dispersión entre jurisdicciones suele dificultar tanto la acumulación de causas como la ejecución efectiva de las penas.