Aquella coalición de 2000 la sellaron Joaquín Almunia, entonces secretario general del PSOE, y Francisco Frutos, coordinador general de IU. Ambos justificaron la firma del acuerdo por el "vendaval fascista" que, a su juicio, se cernía sobre Europa a las puertas del nuevo siglo, un argumento con el que buscaban movilizar al electorado de izquierdas ante el ascenso de formaciones de corte nacional-populista en varios países del continente.
El resultado no acompañó al relato. La lista conjunta perdió representantes en el Senado respecto a los que las dos formaciones habían obtenido por separado cuatro años antes, con un retroceso de 20 senadores que marcó el balance de aquella estrategia. El batacazo electoral precipitó poco después la salida de Almunia de la secretaría general del PSOE.
La excepción fue Cataluña. Allí el pacto entre el PSC, ERC e ICV sí se mantuvo en las siguientes convocatorias y se consolidó como una fórmula estable de cara a la Cámara Alta, a diferencia de lo ocurrido en el resto de circunscripciones, donde la coalición estatal PSOE-IU no volvió a repetirse en los mismos términos.
El sistema electoral del Senado explica el atractivo recurrente de estos pactos pese al precedente adverso. El voto es mayoritario por circunscripción provincial con listas abiertas: cada elector marca hasta tres nombres y los más votados obtienen el escaño, una mecánica que penaliza la dispersión del voto y favorece a las candidaturas que suman fuerzas afines frente a las que concurren fragmentadas.
Baleares y Navarra figuran como los territorios donde las conversaciones para las listas conjuntas al Senado estarían más avanzadas. La estrategia que maneja el PSOE se calibraría circunscripción por circunscripción, atendiendo a la correlación de fuerzas de cada comunidad, en lugar de plantear un acuerdo estatal homogéneo como el que fracasó en 2000.
El tanteo de alianzas a la izquierda coincide con semanas de fuerte movilización social en torno a la vivienda. Decenas de miles de personas pidieron en Madrid una huelga general por la vivienda, y las protestas se extendieron después a otras ciudades, con marchas que cerraron el fin de semana en Almería y Córdoba.
En ese mismo debate, el PNV ha marcado distancias con los socios del Gobierno. Su portavoz, Aitor Esteban, cuestionó la eficacia de la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre al advertir que la protesta "no va a construir más vivienda", una fractura entre aliados parlamentarios que ilustra el margen sobre el que el PSOE explora ahora nuevas sumas a su izquierda.