El documento, cuyo asunto reza «ALERTA RIESGO SOBRE ENTRADAS EN CEUTA Y MELILLA», señala que el CENIF había recabado información sobre «un riesgo potencial de entradas irregulares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, previsto para el día 30 de julio 2026». La previsión no es, por tanto, una valoración posterior a los hechos: lleva fecha del día anterior y se construye a partir de rastreo en fuentes abiertas y redes sociales, según consta en la nota.
La nota planteaba tres escenarios con distinto grado de probabilidad y riesgo. El primero, «entradas a nado», figuraba con probabilidad «alta» y riesgo «bajo-medio». El segundo, «entradas a nado más salto a la valla», aparecía con probabilidad «media» y riesgo «medio-alto». El tercero, «entradas a nado más salto a la valla de forma coordinada», recibía una probabilidad «media-baja» pero el nivel de riesgo más elevado de la escala, calificado como «extremo». El propio texto incluye una salvedad relevante: no contiene una estimación numérica de cuántas personas podían intentar el cruce ni afirma que fuera a producirse necesariamente una entrada de la magnitud finalmente registrada.
El texto vincula ese riesgo con dos elementos de contexto. Por un lado, la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio de 2026, que resuelve sobre las interceptaciones de personas migrantes que acceden a nado a Ceuta y Melilla y sobre la aplicación del régimen especial de rechazo en frontera, regulado en la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España. Los magistrados concluyeron que medios como drones o cámaras térmicas no pueden sustituir a una frontera física a efectos de aplicar ese régimen, lo que limita el recurso al rechazo en frontera cuando no existe un obstáculo físico continuo. Por otro, el documento cita como precedente la tensión registrada antes de la celebración del Día del Trono de Marruecos en 2018, jornada históricamente sensible en la frontera sur.
La versión de Interior frente al aviso policial
La aparición de esta nota introduce un elemento de contraste con las explicaciones ofrecidas por el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Grande-Marlaska sostuvo de forma reiterada que no existió «ningún informe» ni «ningún aviso» de los servicios de inteligencia —en referencia expresa al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— que anticipara una situación como la vivida en Ceuta. El ministro añadió que, de haber existido una alerta comparable a la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas entraron en la ciudad autónoma, la información habría llegado «a las más altas instancias» del Ejecutivo y se habría convocado «una reunión absolutamente de emergencia» para adoptar medidas preventivas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ofreció una versión distinta el 25 de agosto en su comparecencia ante el Congreso. Robles afirmó que «el día 29 esos funcionarios que están allí» trasladaron a la Delegación del Gobierno «esa convocatoria para el día siguiente para poder entrar a nado», reconociendo así la existencia de información previa sobre una fecha y un método concretos. La ministra defendió además que el trabajo de los servicios de inteligencia no puede juzgarse únicamente por la existencia o no de un informe escrito formal.
La discrepancia entre ambos miembros del Gobierno no se ha aclarado públicamente con una versión conjunta sobre qué información concreta manejó cada departamento y cuándo. El CENIF se integra en la estructura de la Policía Nacional, adscrita al Ministerio del Interior, mientras que el CNI depende de la Presidencia del Gobierno a través del Ministerio de Defensa, lo que explica que ambos titulares puedan referirse a canales de inteligencia distintos sin que sus afirmaciones sean necesariamente incompatibles en lo formal, aunque sí lo parezcan en la percepción pública del episodio.
La polémica se enmarca en un contexto judicial más amplio derivado de la sentencia del Supremo del 29 de junio, que obliga a revisar los protocolos de actuación en la frontera de Ceuta y Melilla ante entradas a nado, al no poder aplicarse el rechazo en frontera cuando no hay valla física que delimite el paso por el mar. Esa resolución es, según el propio documento policial, uno de los factores que los analistas del CENIF tuvieron en cuenta para elevar el nivel de alerta antes del 30 de julio.
El episodio evoca precedentes en los que el sistema de alertas fronterizas y su encaje político han quedado en cuestión. Además de la entrada masiva de mayo de 2021, cuando la crisis diplomática con Marruecos derivó en la llegada de miles de personas en pocas horas y se saldó con comparecencias parlamentarias y depuraciones de responsabilidades, la frontera sur ha sido escenario recurrente de tensiones ligadas a decisiones judiciales y diplomáticas desde la doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las devoluciones en caliente.
Ni el Ministerio del Interior ni el CNI han confirmado ni desmentido de forma expresa el contenido literal de la nota «TIFA-3136». Tampoco consta que el documento haya sido incorporado formalmente a una causa judicial o a una comisión de investigación parlamentaria sobre lo ocurrido en Ceuta, si bien su difusión ha reavivado las peticiones de la oposición para que Grande-Marlaska comparezca de nuevo ante la Comisión de Interior del Congreso y explique la cadena de comunicaciones entre el CENIF, la Delegación del Gobierno y la sede ministerial en los días previos al 30 de julio.
A la espera de que el Gobierno ofrezca una explicación conjunta sobre el itinerario de esa información, el foco se traslada a si la Fiscalía o algún juzgado decide investigar una eventual omisión de medidas preventivas pese a la existencia de la alerta, extremo que por el momento no consta que se haya planteado formalmente ante ningún órgano judicial. El calendario parlamentario del nuevo periodo de sesiones, que arranca en septiembre, marcará los tiempos de las próximas comparecencias solicitadas por los grupos de la oposición.
