En Parla, con más de 138.000 habitantes, solo quedarían siete alquileres publicados el día en que se recogieron los datos. Fuenlabrada, que supera los 200.000 habitantes y alberga un campus de la Universidad Rey Juan Carlos, contaría con 17 anuncios, mientras que Leganés sumaría 18 y Pinto, apenas 12. Alcorcón, Móstoles y Getafe resistirían algo mejor, con 31, 34 y 43 viviendas en oferta respectivamente.
Madrid capital tampoco escaparía al desplome. El primer día de vigencia del real decreto, con la norma ya 24 horas en el BOE, había 9.416 viviendas en alquiler en la ciudad; dos semanas después quedarían 8.415, una caída del 10,6%. En los últimos cinco días habrían desaparecido cerca de 400 ofertas en el conjunto de la región, uno de los mercados más tensionados de España por oferta y precio.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó el jueves contra el Gobierno central durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Acusó al Ejecutivo de cometer «una atrocidad contra el mercado inmobiliario», tanto de alquiler como de compra, y defendió que la propiedad «es sagrada». Cifró en un 40% la caída del mercado del alquiler desde la entrada en vigor de la normativa estatal y sostuvo que se han retirado proyectos «que eran fundamentales» para multiplicar la oferta.
Ayuso vinculó esa caída a la paralización de promociones en la región y citó expresamente un desarrollo en Los Berrocales que preveía 800 viviendas adicionales.
«Se ha paralizado una promoción de Los Berrocales donde iban otras 800 viviendas y se han paralizado inversiones inmobiliarias en Madrid y en el resto de España desde que entraron a la carrera de esa manera inusitada después de ocho años. Dos decretos y uno en concreto que está hundiendo la inversión, también afectado directamente a la oferta de vivienda pública social, por tanto, perjudicando a quien más lo necesita», reprochó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Para la dirigente regional, el resultado de los decretos ha sido «más caos, más inseguridad jurídica, menos confianza en España», con un efecto que considera aún más grave: la expulsión de inversión y talento del sector. Apeló además al ejemplo catalán, donde la regulación de precios del alquiler se aplica desde marzo de 2024 al amparo de la Ley estatal de Vivienda de 2023, para sostener que las limitaciones agravan la escasez.
«Allá donde se han aplicado esas medidas que pretenden imponer en la Comunidad de Madrid, lo único que han hecho es agravar aún más el problema; véase el caso de Cataluña, los lugares donde se han aplicado las políticas sectarias de vivienda de la izquierda, lo único que han hecho es multiplicar siempre el problema», valoró Díaz Ayuso ante la Asamblea.
El pulso por la vivienda se enmarca en la política de topes al alquiler que la Ley de Vivienda de 2023 habilita en las zonas declaradas tensionadas, una figura que Cataluña ha activado y que la Comunidad de Madrid ha rechazado aplicar. El choque reedita el enfrentamiento entre gobiernos del PP y el Ejecutivo central por esta materia, mientras otras comunidades populares mantienen su resistencia a la norma, un clima que contrasta con la estabilidad interna que exhibe el gobierno PP-Vox de Andalucía al cumplir 100 días sin roces públicos entre los socios.
