El acto, previsto inicialmente en pleno centro de la ciudad, fue reubicado por decisión policial horas antes de celebrarse. Varias columnas de entre 3.000 y 3.500 personas vestidas de negro y con el rostro cubierto llegaron hasta la zona universitaria empleando técnicas de guerrilla urbana, con contenedores y mobiliario urbano convertidos en barricadas. Entre los grupos presentes figuraban Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), Ernai y Jardun, organizaciones del espacio de la izquierda radical vasca y navarra.
Las fuentes presentes en los incidentes describieron la escena con crudeza y la vincularon a la violencia callejera del pasado: «Es kale borroka en estado puro. Están totalmente organizados. Recuerda a años atrás». Esas mismas fuentes atribuyeron a los grupos una lógica selectiva sobre a quién señalar como enemigo: «A Quiles solo le utilizan. Ellos deciden quién es fascista y, con la excusa de hacerle frente, amedrentan al que piense diferente».
Los disturbios no se limitaron al enfrentamiento con los agentes de la UIP. Vecinos de la zona que grababan los incidentes desde sus balcones fueron también blanco de piedras lanzadas por los manifestantes, según el mismo relato. La kale borroka fue la táctica de acoso callejero que el entramado de ETA empleó durante décadas en sus enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad, especialmente en la década de los noventa, con barricadas, cócteles molotov y ataques a mobiliario público en localidades vascas y navarras.
Los sindicatos de la Policía Nacional Jupol, SUP y UPF emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaron los «graves desórdenes públicos» registrados y atribuyeron responsabilidad a la delegación del Gobierno en Navarra, dirigida por la socialista Alicia Echeverría, por lo que calificaron de «negligencia» en la planificación del dispositivo.
«Trasladar un acto sometido a una elevada tensión política y con antecedentes de riesgo a un espacio urbano de estas características exigía una evaluación rigurosa y una planificación preventiva a la altura de las circunstancias», Jupol, SUP y UPF, sindicatos de la Policía Nacional.
El comunicado sindical insistió en que la responsabilidad de la autoridad gubernativa no se agota en la gestión del momento del choque: «La responsabilidad de la delegada del Gobierno no termina cuando estalla el conflicto: empieza precisamente por anticiparlo y evitar que los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, paguen las consecuencias». La Delegación del Gobierno respondió dos horas después trasladando el origen de la decisión a la propia Policía Nacional: «La decisión de trasladar la convocatoria se toma a partir de un informe de Policía Nacional que propone esa ubicación».
Horas antes de la contramanifestación, el Partido Socialista de Navarra había publicado un mensaje distanciándose del acto: «En Pamplona no queremos agitadores como Vito Quiles». Como delegación del Gobierno, la Administración autonómica es la responsable última de la autorización de concentraciones y del despliegue de los efectivos de orden público en la comunidad foral, conforme a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.
Fuentes de la lucha antiterrorista descartaron que el clima actual sea comparable al provocado por ETA, pero confirmaron una tendencia al alza de la violencia callejera, que preveían que aumente en el País Vasco y Navarra. En ese espacio, señalaron, el Movimiento Socialista —la escisión marxista descontenta con EH Bildu— ha ganado terreno a las juventudes de Sortu, hasta el punto de reunir cerca de 20.000 personas en el País Vasco, con ramificaciones que ya llegan a ciudades como Valencia o Madrid.
Los incidentes de Pamplona se enmarcan en la tensión creciente en torno a la movilización callejera de estas organizaciones, que en los últimos meses encontraron un nuevo escaparate en las protestas surgidas tras el desahucio de Maricarmen. El episodio se suma al debate sobre capacidades y recursos del Estado reflejado en las denuncias de un general del Ejército de Tierra sobre la pérdida de capacidades de Defensa.
