El primero de los acuerdos contempla sistemas de almacenamiento energético con baterías conectadas a la red nacional, con una capacidad inicial estimada de entre 440 y 500 megavatios hora, ampliable hasta 1.000 MWh. El objetivo declarado es estabilizar el sistema eléctrico para permitir una mayor penetración de renovables, un problema técnico habitual en redes con alta dependencia de fuentes intermitentes como la solar.
El segundo eje es la generación fotovoltaica: junto con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la estatal salvadoreña del sector, Cox desarrollará dos plantas solares con una capacidad inicial de 200 megavatios, ampliable a 400. El cuarto acuerdo se centra en la gestión del agua y el saneamiento, con ampliación de cobertura y mejoras de calidad del servicio, ámbito en el que la compañía aportará su experiencia como operador internacional de infraestructuras hídricas.
El tercer bloque es el de mayor alcance en términos de posicionamiento regional: una terminal de regasificación de gas natural licuado junto a una central de ciclo combinado de aproximadamente 380 megavatios, con la que la compañía aspira a convertir a El Salvador en lo que Riquelme definió como «la referencia y el hub energético más importante de la región».
«Nuestro compromiso con El Salvador y con Latinoamérica es a largo plazo. Pondremos al servicio del país nuestra experiencia como utility de agua y energía para reforzar su sistema eléctrico, incorporar más energía renovable y mejorar el servicio de agua», señaló Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox.
El Estado salvadoreño, socio en energía
Está prevista la participación del Estado salvadoreño como socio en los proyectos energéticos, aunque el acuerdo queda sujeto a aprobaciones pendientes y a la formalización de contratos específicos en las próximas semanas. Cox asumirá la estructuración financiera mediante esquemas de project finance, un modelo que recurre a entidades financieras internacionales, organismos multilaterales y agencias de crédito a la exportación para repartir el riesgo entre varios actores sin cargar el coste íntegro sobre las arcas públicas.
Ese reparto de riesgo es, según el propio Bukele, la clave política del pacto. El mandatario enmarcó el acuerdo como una fórmula que permite modernizar infraestructuras sin aumentar el gasto público, un argumento sensible en un país que ha buscado reducir su dependencia de la deuda externa y mejorar su perfil crediticio.
«Este acuerdo nos permite atraer inversión internacional para contar con energía más limpia y confiable, así como el apoyo técnico necesario para garantizar el suministro de agua de calidad, sin comprometer nuevos fondos públicos y con reglas claras», aseguró Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador.
El acuerdo se inscribe en el programa del Gobierno salvadoreño para modernizar las infraestructuras nacionales de energía y agua y consolidar al país como destino de inversión en la región. La operación llega tras años de reformas económicas impulsadas por Bukele, entre ellas la adopción del bitcóin como moneda de curso legal en 2021 y una política de apertura a capital internacional en sectores estratégicos.
Las actuaciones se implementarán durante los próximos tres años, con las aprobaciones correspondientes y la formalización de los acuerdos específicos previstas para las próximas semanas, según el calendario anunciado por las partes. El modelo de Cox combina desarrollo, financiación, construcción, operación y mantenimiento bajo un mismo paraguas corporativo, lo que la diferencia de operadores que solo participan en una fase del ciclo de la infraestructura.
El 95% del negocio de Cox, en la región
El acuerdo con El Salvador se inserta en una estrategia de expansión latinoamericana de mayor calado: la compañía concentra aproximadamente el 95% de su actividad en la región y mantiene, según sus propios datos, un plan de inversión superior a los 7.000 millones de dólares en proyectos de agua y energía. Entre sus operaciones recientes figuran la desaladora de Rosarito en México, la adquisición de Iberdrola México, nuevos desarrollos de renovables y almacenamiento en Centroamérica, y la expansión de su red de transmisión eléctrica en Brasil.
Cox ha optado por coordinar esa expansión desde Panamá, donde ha instalado una plataforma regional para las Américas con el fin de acercar la toma de decisiones a sus mercados prioritarios, sus socios financieros y las instituciones públicas con las que negocia. La presencia de capital exterior en energía convive en la zona con otros movimientos recientes, como el controvertido arrendamiento por el que la Fifa pagará 3,57 millones por una oficina en la Trump Tower.
La incorporación de gas natural licuado como fuente de respaldo, combinada con renovables y almacenamiento, responde a una lógica de diversificación en matrices energéticas tradicionalmente dependientes de combustibles importados, una vulnerabilidad recurrente en Centroamérica. El calendario definitivo de ejecución de los cuatro proyectos dependerá, no obstante, de las aprobaciones que ambas partes prevén cerrar en las próximas semanas.
