El Cerro de San Miguel es uno de los espacios de mayor sensibilidad ambiental de la capital granadina por su proximidad al conjunto monumental de la Alhambra, la muralla nazarí y la Abadía del Sacromonte, todos ellos con protección patrimonial. Según la investigación, el fuego arrancó en el interior de una cueva utilizada como vertedero clandestino, donde la quema de residuos acumulados propagó las llamas hacia el terreno forestal colindante.
La investigación, desarrollada de forma conjunta por la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), los Agentes de Medio Ambiente de la Junta y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), permitió reconstruir la secuencia del incendio y localizar a dos personas como presuntas autoras. La quema, según los investigadores, hizo que las llamas se propagaran desde el interior de la cueva hacia la superficie forestal próxima.
El presunto delito de incendio forestal está tipificado en el artículo 352 y siguientes del Código Penal, que contempla penas de prisión de uno a cinco años y agrava el castigo cuando se pone en peligro la vida o la integridad de las personas, circunstancia que la instrucción deberá esclarecer en este caso. La distinción entre la quema intencionada y la negligencia resultará determinante para la calificación penal definitiva.
El balance material del incendio se sitúa, según la investigación, en torno a 1,5 hectáreas de superficie forestal calcinada, unos 15.000 metros cuadrados. Las llamas alcanzaron además una vivienda situada en el entorno del cerro y pusieron, en palabras de la Junta, «en serio peligro» a la persona que se encontraba en su interior. El riesgo se agravó porque dentro de la misma parcela había varias bombonas de butano que resultaron parcialmente quemadas y que estuvieron a punto de explotar.
El fuego también afectó a cultivos y arbolado de la zona, entre ellos frutales, almendros y olivos. El daño se suma al impacto ambiental sobre una ladera de alto valor paisajístico por su cercanía a bienes declarados de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección patrimonial que existe en España desde la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.
Un entorno con protección patrimonial en riesgo
La actuación del dispositivo de extinción de incendios forestales de Andalucía, Infoca, resultó, según la Junta, determinante para frenar el avance de las llamas antes de que alcanzaran la muralla nazarí y para evitar que el fuego progresara hasta el pinar protegido situado en la ladera próxima a la Abadía del Sacromonte. De haberse producido ese avance, sostienen las autoridades autonómicas, las consecuencias habrían sido de una magnitud muy superior, tanto por el valor del patrimonio construido como por la fragilidad del ecosistema forestal mediterráneo, especialmente vulnerable en verano por las altas temperaturas y la escasa humedad.
El episodio no es aislado. La Junta de Andalucía señala que la UPA ya había identificado con anterioridad al presunto autor de otro incendio forestal registrado en la zona de la Abadía del Sacromonte, en un caso distinto y previo al del Cerro de San Miguel. Con las dos nuevas personas investigadas, se eleva a tres el número de investigados por incendios forestales en este mismo entorno granadino durante las últimas semanas.
La reiteración de episodios en un espacio tan acotado pone el foco en la vulnerabilidad del Cerro de San Miguel, una zona frecuentada habitualmente por vecinos y visitantes que combina uso recreativo, valor paisajístico frente a la Alhambra y presencia de vertederos ilegales. La Junta describe el enclave como especialmente castigado por los incendios forestales, tanto por negligencias como por acciones intencionadas.
La ciudad cuenta con precedentes que ilustran la fragilidad de estos entornos: el propio Sacromonte y las laderas que rodean la Alhambra han sufrido de forma recurrente fuegos de matorral y pinar en las últimas décadas, favorecidos por la vegetación seca estival y la actividad humana en un espacio que se extiende a pie del casco monumental. La quema de residuos en cavidades naturales agrava el fenómeno, pues las cuevas pueden actuar como chimeneas que favorecen la propagación de las llamas hacia el exterior.
El procedimiento judicial seguirá ahora su curso con la instrucción del caso, en la que deberá determinarse si la quema de los residuos fue intencionada o resultado de una negligencia. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, competente en este tipo de causas, puede solicitar diligencias adicionales antes de decidir si formula acusación contra los dos investigados, que mantienen la presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme.
De cara a las próximas semanas, la campaña estival de Infoca se prolonga cada año hasta mediados de octubre, periodo de máximo riesgo en el que la vigilancia del dispositivo se mantiene reforzada. La proximidad de bienes patrimoniales de primer orden vuelve a situar en el foco la limpieza de vertederos ilegales y el control de las zonas de alto valor histórico y ambiental de la ciudad.
