La investigación arrancó a raíz de la denuncia de una médico que alertó a los agentes de que dos personas sin cualificación para ejercer actividad sanitaria estaban realizando tratamientos de estética de forma ambulante, según la información policial. Ese aviso por presunto intrusismo profesional fue el punto de partida del seguimiento que permitió reconstruir el modo de operar de la pareja.
El intrusismo profesional está tipificado en el artículo 403 del Código Penal, que castiga con multa el ejercicio de actos propios de una profesión sin poseer el título académico correspondiente, y con penas de prisión cuando el infractor se atribuye públicamente la condición de profesional. A esa figura podría sumarse, según valore la autoridad judicial, la responsabilidad por delitos contra la salud pública.
Los investigadores comprobaron que la pareja alquilaba viviendas de uso turístico en distintas ciudades españolas para instalar en ellas consultas temporales. La elección de este tipo de alojamiento facilitaba reservas rápidas, pagos ágiles y una rotación constante de dirección que dificultaba localizar después a los responsables en caso de complicaciones. Según la reconstrucción policial, los dos investigados captaban a sus clientas principalmente a través de redes sociales, donde publicitaban lo que denominaban sus «giras» por distintas ciudades, indicando fechas y ubicaciones concretas en las que prestarían sus servicios.
El seguimiento de esas publicaciones permitió a los agentes anticipar los movimientos de la pareja y finalmente intervenir en Cartagena, donde localizaron uno de los apartamentos utilizados como consulta. Durante el registro, los agentes constataron que en el interior se estaba desarrollando una consulta clandestina de medicina estética y hallaron a nueve mujeres que aguardaban su turno para ser atendidas.
Un arsenal de inyectables sin garantía sanitaria
En el registro del inmueble, la Policía intervino un volumen considerable de material sanitario: 113 envases de ácido hialurónico, 14 envases de un complejo de neurotoxina purificada —principio activo empleado en tratamientos similares al bótox—, 42 jeringuillas precargadas con productos inyectables y más de 200 agujas hipodérmicas. También se localizó material para administración de insulina, viales de liporase —enzima utilizada para revertir complicaciones derivadas del ácido hialurónico mal aplicado— y diverso instrumental médico adicional.
La investigación ha permitido establecer que la actividad se prolongó durante aproximadamente cuatro años, periodo en el que la pareja se desplazó entre distintas ciudades españolas utilizando alojamientos turísticos como consultas improvisadas. Según los investigadores, esa itinerancia constante servía para evitar que clientas insatisfechas o con complicaciones pudieran presentar reclamaciones formales, dado que los responsables desaparecían de cada localidad poco después de finalizar sus sesiones.
La normativa española exige que cualquier centro sanitario, incluidas las clínicas de medicina estética, cuente con autorización de funcionamiento otorgada por la consejería de Sanidad autonómica correspondiente, además de la acreditación profesional de quienes realizan los procedimientos, habitualmente médicos con formación específica. La ausencia de esa autorización, sumada a la falta de titulación de quien inyecta sustancias en el cuerpo humano, puede derivar tanto en responsabilidad penal por intrusismo como en responsabilidad civil por los daños causados a las pacientes.
Entre los riesgos asociados a este tipo de prácticas figuran las infecciones por uso de material mal esterilizado, las necrosis tisulares por inyección incorrecta de ácido hialurónico en vasos sanguíneos y las reacciones adversas a sustancias de origen o composición no garantizados, dado que estos productos no siempre proceden de canales de distribución farmacéutica autorizados ni cuentan con el registro sanitario exigido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Un fenómeno recurrente en el sector
El intrusismo en medicina estética no es un fenómeno nuevo en España. Colegios de médicos y sociedades científicas de dermatología y cirugía plástica vienen advirtiendo desde hace años del auge de personas sin titulación que ofrecen tratamientos invasivos —bótox, rellenos de ácido hialurónico, hilos tensores— a precios muy inferiores a los de clínicas autorizadas, aprovechando la demanda creciente de procedimientos mínimamente invasivos. En operaciones policiales previas de similar perfil se han intervenido locales sin licencia y productos inyectables adquiridos al margen de la cadena farmacéutica en ciudades de toda España.
La causa continúa abierta y los dos investigados permanecen bajo diligencias policiales que serán remitidas a la autoridad judicial competente, que deberá determinar si existen indicios suficientes para una imputación formal por intrusismo profesional y, en su caso, por delitos contra la salud pública. El procedimiento habitual en estos casos incluye la citación de las clientas identificadas para que puedan aportar testimonio sobre los tratamientos recibidos y sus posibles secuelas.
Las autoridades sanitarias recuerdan que cualquier persona que se someta a un tratamiento de medicina estética puede verificar la acreditación del profesional y la autorización del centro a través de los registros oficiales de centros, servicios y establecimientos sanitarios que gestionan las consejerías de Sanidad de cada comunidad autónoma, una comprobación que en este tipo de casos habría permitido detectar la falta de licencia antes de someterse a los procedimientos.
