La reclamación de Colau añade presión interna sobre un ministro ya señalado por la oposición desde el choque de trenes de Urda. La dirigente le atribuye una "responsabilidad política" en el accidente y reclama su salida "lo antes posible", en una exigencia que trasciende las filas del centroderecha y alcanza al espacio situado a la izquierda del PSOE.
El factor temporal agrava el cálculo de Moncloa. La petición llega en vísperas del 29-N, una cita que condiciona la gestión de cualquier crisis abierta en el Gobierno y que explica, según los dirigentes socialistas citados en la información, las dudas internas sobre la permanencia de Puente.
Esas reservas no son públicas. Varios cargos del PSOE cuestionan en privado la decisión de asumir el desgaste que supone sostener al ministro, mientras Sánchez opta por mantenerlo. El presidente ya había expresado su posición días atrás: el Gobierno ha reiterado su respaldo a Puente tras el choque de trenes de Urda, pese a las peticiones de dimisión.
La responsabilidad política que reclama Colau no equivale a responsabilidad penal, que corresponde depurar a los tribunales y a la investigación técnica del accidente. En el sistema parlamentario español, el cese de un ministro es una potestad exclusiva del presidente del Gobierno, que lo propone al Rey conforme al artículo 100 de la Constitución; ni una moción de censura ni la presión de un socio obligan jurídicamente a una salida, que depende de la voluntad de Moncloa.
El accidente de Urda ha tensado además la relación de Puente con la estructura ferroviaria que depende de su ministerio. La cúpula de Adif sigue ocupada por antiguos cargos del PSOE, un dato que la oposición ha esgrimido al reclamar depuraciones de responsabilidades por el siniestro.
Las dimisiones ministeriales por accidentes de transporte han sido excepcionales en la democracia española. Tras el accidente del metro de Valencia de 2006, que dejó 43 muertos, ningún alto cargo dimitió pese a la presión; y el descarrilamiento del Alvia en Santiago de Compostela en 2013, con 80 fallecidos, tampoco provocó ceses políticos inmediatos, en una tónica que contrasta con las dimisiones por responsabilidad política habituales en otros países europeos.
Puente afronta en paralelo su comparecencia parlamentaria sobre el siniestro, el escenario donde deberá responder a las acusaciones de la oposición y rendir cuentas de la gestión de su ministerio. La permanencia en el cargo mientras se mantiene esa presión convierte al ministro, en la descripción de la información, en un pararrayos que concentra el desgaste en lugar de Moncloa, a pocos días del 29-N.