La composición de la dirección del gestor ferroviario reabre el foco sobre el modelo de nombramientos en las empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes. Pedro Sánchez prometió, al llegar a la Moncloa en 2018, poner fin a lo que calificó entonces como la colonización partidista de las instituciones. Ocho años después, el organismo que gestiona la infraestructura ferroviaria está dirigido por perfiles con trayectoria en la estructura socialista, incluida una directora que figuró en candidaturas del PSOE.
El marco normativo que regula los nombramientos en la cúpula de Adif exige, sobre el papel, criterios de mérito y capacidad recogidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La praxis habitual en España concede, sin embargo, un amplio margen de discrecionalidad al Ejecutivo de turno para designar a los consejeros y a la alta dirección de las empresas públicas adscritas a cada ministerio, lo que ha permitido rotaciones de perfiles próximos al partido gobernante.
El accidente de Urda añade presión sobre la gestión del ente ferroviario. El esclarecimiento de este tipo de siniestros corresponde a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que depende orgánicamente del propio Ministerio de Transportes pero actúa con autonomía funcional respecto a Adif y Renfe. Su dictamen técnico es independiente de las responsabilidades políticas o penales que puedan derivarse.
Báñez, víctima del siniestro
Entre los fallecidos en el choque figura Fátima Báñez, exministra de Trabajo con Rajoy, cuya muerte añadió una dimensión política al suceso e intensificó el escrutinio sobre la seguridad de la red ferroviaria estatal y sobre quienes la gestionan. La coincidencia de una víctima de perfil institucional con las dudas sobre la cúpula de Adif ha elevado la tensión en torno a la respuesta del Gobierno.
La continuidad del propio Puente al frente de Transportes divide al PSOE tras el choque de Urda, según ha trascendido en los días posteriores al accidente. El ministro afronta además críticas de colectivos policiales: el sindicato Jupol le ha acusado, junto al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de negar la profesión de riesgo de los agentes desplegados en Urda, un episodio que ha sumado desgaste al departamento.
El precedente de controversia por nombramientos en las empresas ferroviarias no es nuevo: durante la etapa de Ana Pastor al frente de Fomento, entre 2011 y 2016, la oposición socialista denunció la colocación de perfiles afines en Renfe y Adif bajo gobiernos del PP. La alternancia de criterios según quién ocupa el Ejecutivo ha acompañado al sector ferroviario desde la Transición, cuando se crearon los primeros entes autónomos con fórmulas de gestión que buscaban, al menos nominalmente, blindar la dirección técnica de la influencia partidista.
La gestión de Adif coincide con otra tensión institucional en la Administración del Estado: los inspectores de Hacienda han pedido refundar la Aeat ante lo que llaman la mayor crisis de su historia, un reproche que apunta igualmente al modelo de dirección de los organismos públicos. Por ahora, Puente mantiene intacta la cúpula del gestor ferroviario mientras avanza la investigación del siniestro.