Ese esquema, bautizado informalmente como la "doctrina Marlaska", consiste en sostener públicamente al ministro cuestionado mientras se deja pasar el ciclo informativo más intenso, evitando un cese que pueda leerse como una admisión de responsabilidad política directa del propio Sánchez. Marlaska permaneció en el Ejecutivo pese a quedar señalado en distintos momentos de la legislatura por la gestión de episodios de orden público y seguridad. Puente recibe ahora un tratamiento equivalente.
La posición de Puente se ve agravada por su perfil dentro del partido. Junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Transportes es considerado uno de los dos pilares de la militancia socialista más combativa en redes sociales y actos públicos, un activo que la dirección del PSOE no está dispuesta a sacrificar pese al desgaste del accidente. Ambos quedan, no obstante, políticamente magullados por la crisis.
El choque ferroviario, ocurrido esta semana en la provincia de Toledo, dejó varios fallecidos, entre ellos Fátima Báñez, exministra de Trabajo con Mariano Rajoy. Su muerte añade una dimensión política a una tragedia que inicialmente se circunscribía a la seguridad ferroviaria y a la gestión de Renfe y Adif, organismos dependientes del Ministerio de Transportes que dirige Puente.
La continuidad del ministro al frente de la cartera no genera consenso en las filas socialistas. La permanencia de Puente divide al PSOE tras el choque de Urda: distintos sectores del partido debaten si debe asumir responsabilidades políticas por el accidente o si su gestión posterior a la tragedia ha sido la adecuada. El respaldo de Sánchez busca precisamente cortar ese debate interno antes de que cristalice en una exigencia de dimisión.
El propio Marlaska ha protagonizado estos días una polémica paralela, después de que el sindicato Jupol le acusara de minimizar los riesgos de la profesión policial a raíz de un gesto hacia el propio Puente. El episodio refuerza el solapamiento entre ambos ministros en el centro de la presión política de las últimas semanas.
El Gobierno conserva la facultad de decidir ceses sin intervención parlamentaria: el artículo 100 de la Constitución reserva al presidente la propuesta de nombramiento y separación de los ministros ante el Rey, de modo que la permanencia de Puente depende por completo de la voluntad de Sánchez. La oposición puede forzar un debate mediante interpelaciones o una comisión de investigación, pero no destituir directamente a un ministro.
La investigación técnica sobre las causas del accidente de Urda sigue su curso sin que se hayan determinado públicamente las responsabilidades del fallo que provocó el choque. De sus conclusiones dependerá en buena medida el desenlace de la crisis política que envuelve al ministro de Transportes.