La declaración de Pardo de Vera, que se prolongó durante tres horas y veintidós minutos en la jornada del jueves, fue el momento más tenso de las diez sesiones celebradas hasta la fecha. La testigo, que declaró protegida por el artículo 416 de la LECrim al no haber sido imputada como cooperadora, relató con precisión fotográfica los encuentros entre Aldama y los miembros del gabinete de Ábalos. Según su testimonio, el empresario accedía al Ministerio sin cita previa registrada, utilizando una entrada lateral reservada para personal de confianza del ministro, y era recibido indistintamente por Koldo García o por el propio Ábalos.
Cuando el fiscal Alejandro Luzón le preguntó si era habitual que personas ajenas al Ministerio accedieran a la planta noble con esa frecuencia, Pardo de Vera respondió con una frase que ya circula por los pasillos del Supremo: 'No era habitual. Pero él estaba allí con la misma naturalidad que si tuviera despacho propio'. Luzón pidió entonces que precisara la frecuencia y la testigo, tras consultar brevemente sus notas —autorizadas por el tribunal—, dijo: 'Al menos dos veces por semana entre marzo y septiembre de 2020. Algunas semanas, tres'.
La defensa de Ábalos, ejercida por el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda, intentó desmontar el testimonio apelando a la imprecisión de la memoria y sugiriendo que Pardo de Vera confundía las visitas de Aldama con las de otros empresarios que acudían al Ministerio en el contexto de la emergencia sanitaria. Ábalos, presente en la sala, intervino brevemente cuando el presidente del tribunal le dio la palabra para matizar: 'No es habitual, pero es amigo de Koldo. Y en aquellos meses todo era poco habitual'. La frase provocó un murmullo audible que el magistrado Andrés Martínez Arrieta atajó con un golpe de mazo.
La jornada se complicó aún más cuando la defensa anunció la retirada de cuatro testigos de su lista, alegando que habían sido 'contactados y presionados por personas vinculadas a la estructura de Moncloa'. El tribunal tomó nota de la alegación pero no la admitió como motivo de nulidad procesal, advirtiendo a la defensa de que 'la retirada de testigos propios no puede ser utilizada como argumento de indefensión en fase de apelación'. La Fiscalía, por su parte, solicitó que la retirada constara en acta como indicio de 'estrategia procesal de ocultación'.
El juicio, que comenzó el 7 de abril con la lectura de los escritos de acusación, tiene previstas trece sesiones hasta el 30 de abril. El Ministerio Fiscal solicita veinticuatro años de prisión para Ábalos por cohecho, prevaricación y malversación; diecinueve años y medio para Koldo García por los mismos delitos más blanqueo de capitales; y siete años para Aldama por soborno y tráfico de influencias. Los tres acusados permanecen en prisión preventiva desde noviembre de 2025 —Ábalos y García— y desde febrero de 2026 —Aldama, tras su detención en Dubai.
La expareja de Koldo García, Patricia Uriz, prestó declaración el miércoles en una sesión que, aunque menos espectacular, aportó un detalle incriminatorio relevante: reconoció que en al menos cuatro ocasiones recogió sobres con dinero en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz, que Koldo le pedía que guardara 'hasta que yo te los pida'. Uriz, que se acogió a su derecho a no declarar contra su expareja, aceptó sin embargo responder a las preguntas del fiscal sobre hechos en los que ella misma era parte. La defensa de Koldo García protestó sin éxito contra la admisión de este testimonio.
Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) presentado el martes ha añadido una pieza más al puzzle. Según el documento de doscientas catorce páginas, el análisis de los registros telefónicos de Ábalos, Koldo García y la exsecretaria de organización del PSOE balear revela que Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, mantuvo cuarenta y siete llamadas con Koldo García entre enero y agosto de 2020, frente a las ocho que declaró bajo juramento ante la Audiencia Nacional. La diferencia entre ambas cifras —treinta y nueve llamadas no declaradas— podría constituir un delito de falso testimonio, aunque la Fiscalía no ha formalizado aún esa acusación.
Ábalos, Koldo García y Aldama están citados para declarar en las últimas sesiones del juicio, previsiblemente el 28 y 29 de abril. La expectación es máxima, no solo por el contenido de sus declaraciones sino por la dinámica interpersonal: Aldama, cuya colaboración con la Fiscalía fue clave para desmontar la trama, podría señalar directamente a Ábalos en aspectos que hasta ahora solo han aparecido en pruebas documentales. La pregunta que recorre los pasillos del Supremo es si Ábalos mantendrá su línea de defensa —'no sabía, no participé, Koldo actuaba por su cuenta'— o si la acumulación de testimonios como el de Pardo de Vera le obligará a modificar su estrategia antes de sentarse en el estrado.
El caso Koldo se ha convertido en el mayor juicio por corrupción contra cargos del PSOE desde los ERE de Andalucía. Y lo que esta semana ha dejado claro es que el juicio oral está proporcionando un nivel de detalle que la instrucción apenas esbozó. La planta noble del Ministerio de Transportes, que debería haber sido un espacio de gestión pública durante la peor crisis sanitaria del siglo, fue también, según los testimonios acumulados, un lugar de encuentro regular entre un ministro del Gobierno y un empresario que hoy se sienta en el banquillo de los acusados.
