El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García Cejas, mintió al Tribunal Supremo cuando negó conservar el número de teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una pericial forense sobre el volcado de su dispositivo móvil, presentada ante la Sala Segunda por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acredita que García Cejas guardó ese contacto en su agenda entre 2018 y 2023, identificado bajo la denominación 'Número 1'. El hallazgo se produce en el marco del juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 24 años de prisión para el exministro de Transportes y de 19 para el propio García Cejas, acusados en relación con una trama de comisiones irregulares vinculada a contratos públicos.
La agenda que contradice al testigo
El dato extraído del volcado forense adquiere relevancia procesal directa porque García Cejas prestó declaración ante el Supremo y negó expresamente disponer del teléfono de Sánchez. La pericial de la UCO desmiente esa afirmación con un rastro digital fechado y atribuido al propio dispositivo del exasesor. En el ámbito procesal español, una contradicción de esta naturaleza entre una declaración testifical y una prueba pericial de origen forense puede tener consecuencias tanto en la valoración de la credibilidad del declarante como, en su caso, en la apertura de diligencias por falso testimonio, figura tipificada en el Código Penal.
Por qué importa el 'Número 1'
Más allá de la cuestión penal estricta, el hallazgo refuerza la tesis sostenida por la acusación pública: que García Cejas no era un simple intermediario de escala menor, sino un operador con acceso directo a la cúpula del Ejecutivo. La defensa ha argumentado a lo largo del procedimiento que la capacidad de influencia del exasesor estaba acotada y que su papel en la supuesta trama era subordinado. La existencia del contacto de Sánchez en su agenda, durante un periodo que abarca cinco años y coincide en buena parte con el mandato de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, contradice esa narrativa de forma documentada.
Aldama y los cuatro millones
En la misma sesión, el empresario Víctor de Aldama —figura central en la instrucción del caso conocido como 'caso Koldo'— declaró haber entregado hasta cuatro millones de euros tanto a Ábalos como a García Cejas, con destino, según su versión, a financiar donaciones al PSOE. Aldama ha actuado en el procedimiento como colaborador y sus declaraciones constituyen una de las piezas más comprometidas para los acusados, aunque la defensa ha cuestionado sistemáticamente su credibilidad por el interés que tiene en atenuar su propia responsabilidad penal a cambio de cooperar con la Fiscalía.
Ábalos se distancia y se presenta como víctima
José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, ha optado ante el Supremo por una estrategia de distanciamiento. Su posición en sala es la de presentarse como víctima de las maniobras de su antiguo asesor, rebatiendo así el papel activo que la Fiscalía Anticorrupción le atribuye en la supuesta red de cobros de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos relacionados con material sanitario adquirido durante la pandemia. La acusación, sin embargo, mantiene intacta su petición de 24 años de cárcel para el exministro, la más elevada del procedimiento.
Qué es la UCO y qué valor tiene su pericial
La Unidad Central Operativa es el órgano de policía judicial de la Guardia Civil especializado en investigaciones complejas de ámbito nacional. Sus periciales forenses sobre dispositivos digitales —volcados de móviles, análisis de metadatos, reconstrucción de comunicaciones— tienen la consideración de prueba pericial en el proceso penal español y son valoradas por el tribunal conforme a las reglas de la sana crítica. El Tribunal Supremo, como Sala Segunda, actúa en este caso en primera y única instancia porque entre los investigados figuran aforados, lo que determina tanto la competencia del órgano como las garantías procesales aplicables.
El contexto del 'caso Koldo'
La causa tiene su origen en una investigación iniciada a raíz de presuntos pagos de comisiones por la adjudicación de contratos de suministro de mascarillas y material de protección durante la emergencia sanitaria de 2020. El procedimiento ha derivado en una de las investigaciones de corrupción política más extensas de la legislatura, con ramificaciones que han afectado a dirigentes del PSOE, empresarios y mediadores. La instrucción ya produjo detenciones y registros en 2023, y el juicio oral en el Supremo representa la fase de plenario en la que la prueba se practica en su integridad ante los magistrados que deberán dictar sentencia.
Cierre: lo que queda por resolver
El juicio continúa con la práctica del resto de pruebas periciales y documentales. La defensa de García Cejas deberá afrontar ahora la contradicción entre su declaración y el informe forense de la UCO, sin que hasta el momento haya trascendido ninguna explicación alternativa al respecto. La sentencia determinará, entre otras cuestiones, si la cadena de comisiones descrita por Aldama queda acreditada y si el nivel de acceso al poder que el exasesor ostentaba —del que el 'Número 1' en su agenda es ahora prueba documental— tuvo traducción en las decisiones administrativas cuestionadas. García Cejas, por su parte, no ha ejercido su derecho de réplica a los términos de la pericial en el momento del cierre de esta edición.
