El operativo policial, según fuentes próximas a la investigación, se centra en reconstruir con precisión los minutos posteriores al final de la concentración, cuando —de acuerdo con los primeros indicios recabados— la mayoría de los asistentes ya había abandonado el recorrido y pequeños grupos comenzaron a protagonizar carreras, gritos y enfrentamientos con los agentes en distintas calles del casco histórico.
Las mismas fuentes sostienen que la práctica totalidad de los participantes en la marcha se comportó de forma pacífica y que los altercados posteriores no serían atribuibles al conjunto de la convocatoria, sino a un número reducido de individuos que, según las pesquisas, se habrían sumado a la protesta únicamente en su tramo final con la intención de provocar altercados.
En el paseo del Born, varios responsables de cafeterías y establecimientos de restauración han trasladado a los agentes que se vieron obligados a actuar con rapidez ante la llegada de los grupos: recogida precipitada de mesas y sillas y cierre de puertas para proteger a los clientes, muchos de ellos turistas ajenos al desarrollo de la manifestación. Los testimonios recabados describen momentos de tensión, con empleados y propietarios resguardando a los presentes mientras en el exterior se sucedían persecuciones e insultos. Los comerciantes consultados coinciden, según esas fuentes, en que se trata de una situación sin precedentes recientes en una jornada reivindicativa en la capital balear.
La hipótesis de una acción coordinada
La línea de trabajo que maneja la investigación, aún sujeta a confirmación, es que los incidentes no respondieron a una reacción espontánea, sino a una acción con planificación previa orientada a generar enfrentamientos directos con los agentes desplegados y a proyectar una imagen de violencia que desplazara la atención sobre el desarrollo pacífico de la protesta. Para sostener esa hipótesis, los investigadores se apoyan en el análisis de imágenes captadas por drones policiales, cámaras de videovigilancia del centro de Palma y grabaciones realizadas por los propios agentes durante la intervención, además de las denuncias presentadas por comerciantes, particulares y testigos presenciales.
El expediente se encuentra en fase de instrucción policial, previa a su traslado a sede judicial. En este estadio, ninguna persona ha sido formalmente procesada ni acusada: el atestado servirá de base para que, en su caso, el juzgado de instrucción competente en Palma determine si existen indicios suficientes para abrir diligencias por delitos como desórdenes públicos, atentado contra la autoridad o daños, tipificados en el Código Penal.
Conforme al ordenamiento procesal español, la condición de investigado no implica culpabilidad: corresponde al juez de instrucción valorar los indicios aportados por la Policía y, en su caso, acordar la apertura de diligencias previas, mientras que solo una sentencia firme puede establecer responsabilidad penal.
El marco del derecho de manifestación
El derecho de reunión está amparado por el artículo 21 de la Constitución, que reconoce la reunión pacífica y sin armas como derecho fundamental sin necesidad de autorización previa, si bien exige comunicación a la autoridad gubernativa. La Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana regula, por su parte, las infracciones asociadas a alteraciones del orden público en el marco de concentraciones. Los cuerpos de seguridad han desarrollado en la última década protocolos específicos para diferenciar la responsabilidad de convocantes y participantes pacíficos de la de grupos minoritarios que buscan el enfrentamiento directo con la Policía.
Episodios de violencia en los márgenes de manifestaciones no son inéditos en España. Sin ir más lejos, las protestas registradas en varias capitales durante la última década dejaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad protagonizados por grupos reducidos, en jornadas cuya convocatoria era mayoritariamente pacífica, lo que obligó en su día a los tribunales a deslindar responsabilidades individuales de la de los organizadores.
La Delegación del Gobierno en Baleares, que recibirá el informe policial una vez concluido, no ha efectuado hasta el momento valoraciones públicas sobre las conclusiones preliminares de la investigación. Los colectivos convocantes de la manifestación tampoco han remitido una posición oficial sobre los incidentes posteriores, más allá de deslindar la protesta pacífica de los altercados registrados a su término.
El siguiente paso del procedimiento pasa por la finalización y remisión del atestado a la autoridad judicial competente en Palma, momento en el que se sabrá si se identifica formalmente a personas concretas como investigadas y si se abren diligencias penales. Hasta entonces, la instrucción policial continuará recabando declaraciones de comerciantes, testigos y víctimas directas de los episodios registrados en el entorno del Born.
