El núcleo del recurso gira en torno a una acusación grave: Camacho sostiene que Peinado ha mantenido desde el inicio una causa general prohibida por el ordenamiento jurídico español, una instrucción prospectiva en la que primero se identifica al investigado y luego se buscan los delitos, en lugar de partir de indicios concretos de conductas ilícitas. La defensa argumenta que el juez ha ido ampliando progresivamente el objeto de la investigación, incorporando hechos y delitos que no figuraban en la querella original presentada por Manos Limpias, lo que a su juicio constituye una vulneración del principio acusatorio y del derecho de defensa.
En el capítulo dedicado a las diligencias de prueba, el recurso detalla catorce solicitudes de la defensa que fueron denegadas por Peinado sin motivación suficiente, según Camacho. Entre ellas destacan la declaración como testigos de tres rectores de universidades públicas que habrían podido acreditar que las prácticas laborales de Gómez eran habituales en el ámbito académico, el acceso a los expedientes completos de contratación de la Complutense que habrían permitido comparar los contratos investigados con otros similares, y la práctica de una pericial económica independiente sobre el supuesto beneficio patrimonial obtenido por la investigada.
La impugnación del tribunal del jurado popular ocupa el tercio final del escrito y constituye, a juicio de fuentes jurídicas, el punto más relevante desde el punto de vista procesal. Camacho argumenta que la complejidad económica y jurídica del caso, que implica el análisis de contratos de investigación universitaria, convenios de colaboración público-privada y flujos financieros transnacionales, excede con mucho la capacidad de un jurado de ciudadanos legos y exige un tribunal profesional capaz de valorar prueba técnica especializada. La defensa cita cinco sentencias del Tribunal Constitucional que, según su interpretación, avalan la exclusión del jurado en casos de esta naturaleza.
El fiscal del caso ha mantenido una posición ambivalente. Por un lado, apoya parcialmente el recurso en lo relativo a las diligencias denegadas, considerando que al menos cuatro de las catorce solicitudes tenían pertinencia procesal y deberían haberse admitido. Por otro, mantiene que existen indicios suficientes para sostener la apertura de juicio oral, aunque reconoce que la calificación de algunos de los delitos, especialmente la malversación, requerirá una revisión más detallada en la fase de conclusiones. Esta posición intermedia del Ministerio Fiscal complica el panorama procesal y deja abierta la puerta a una reconfiguración de los cargos antes del juicio.
La Audiencia Provincial de Madrid deberá resolver sobre el recurso en un plazo estimado de dos semanas, aunque fuentes del tribunal señalan que la carga de trabajo podría alargar la resolución hasta finales de mayo. Si la Audiencia estima el recurso en lo relativo al jurado popular, el caso sería reasignado a un tribunal profesional, lo que supondría un retraso significativo en el calendario procesal y una victoria estratégica importante para la defensa. Si lo desestima, el juicio oral se celebrará ante un jurado de nueve ciudadanos, presumiblemente en el último trimestre de 2026.
El entorno de Begoña Gómez ha intensificado su ofensiva mediática en paralelo al recurso judicial. Fuentes cercanas a la investigada han distribuido un dosier de prensa en el que comparan la instrucción de Peinado con la del juez Garzón en el caso Gürtel, argumentando que ambas comparten un patrón de exceso instructor que terminó siendo corregido por instancias superiores. La comparación ha irritado a la acusación popular, que la califica de manipulación histórica interesada, pero ha tenido eco en medios afines al Gobierno, que la presentan como prueba de la persecución judicial contra la esposa del presidente.
Desde el punto de vista político, el recurso llega en un momento en el que Moncloa intenta desligar completamente el caso Begoña Gómez de la agenda del Gobierno. El propio Sánchez declaró la semana pasada que su esposa se defiende con sus abogados y que él se dedica a gobernar, una frase que los analistas interpretan como un cortafuegos diseñado para evitar que la oposición vincule la causa judicial con la gestión del Ejecutivo. Sin embargo, el PP sigue explotando el caso en la campaña andaluza, donde Feijóo lo menciona en cada mitin como ejemplo de la impunidad del sanchismo.
El caso Begoña Gómez se ha convertido, más allá de su dimensión jurídica, en un termómetro de la polarización política española. Para la derecha, es la prueba de que el poder protege a los suyos; para la izquierda, es una cacería judicial alimentada por acusaciones populares de dudosa legitimidad. Entre ambas narrativas, la realidad procesal sigue su curso: un juez que instruye, una defensa que recurre, un fiscal que matiza y una opinión pública que, según las encuestas, tiene la opinión formada antes de leer la primera página del sumario.
Camacho ha anunciado tras registrar el recurso que, si la Audiencia Provincial no acoge sus pretensiones, llevará el caso al Tribunal Constitucional alegando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley. Es un camino largo, tortuoso y lleno de incertidumbre, pero la defensa parece dispuesta a agotar todas las vías procesales antes de sentarse en el banquillo. La pregunta que muchos se hacen en los pasillos de Plaza de Castilla es si ese día llegará alguna vez.
