El procesamiento de Begoña Gómez, dictado por Peinado mediante auto de 47 páginas el 13 de abril, la acusa de cuatro delitos: tráfico de influencias en el sector público (artículo 428 del Código Penal), corrupción en los negocios en el sector privado (artículo 286 bis), malversación de caudales públicos (artículo 432) y apropiación indebida (artículo 253). El juez archivó el delito de intrusismo profesional que figuraba en la instrucción inicial por falta de indicios. El auto de procesamiento incluye también al empresario Juan Carlos Barrabés, procesado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y a la asesora de Gómez en Moncloa, María Cristina Álvarez, procesada por los mismos cuatro delitos. Barrabés quedó exonerado de la malversación y la apropiación indebida 'por falta de indicios concretos de participación en la disposición de fondos públicos'. El procesamiento, que cierra la fase de instrucción, abre un plazo de cinco días para que las partes presenten escritos de conclusiones provisionales de cara al juicio oral ante jurado popular.
La decisión de derivar el caso a jurado popular es, según los procesalistas consultados, la apuesta más arriesgada de Peinado y la que mayor controversia genera entre los juristas. El jurado popular, regulado por la Ley Orgánica 5/1995, es competente para juzgar, entre otros, los delitos de malversación de caudales públicos (artículo 432 CP), lo que arrastra automáticamente al jurado la competencia sobre los demás delitos conexos. La defensa de Gómez se opone al jurado por dos razones: primera, que la complejidad del caso — que involucra contratos públicos, procedimientos de adjudicación, flujos financieros entre entidades y peritajes económicos — lo hace inadecuado para un tribunal de nueve ciudadanos legos; y segunda, que la extraordinaria mediatización del caso hace prácticamente imposible encontrar jurados imparciales que no tengan una opinión formada sobre la culpabilidad o inocencia de la acusada. La Audiencia Provincial de Madrid, que ya expresó dudas sobre la idoneidad del jurado en un auto del 1 de abril, tendrá que pronunciarse sobre esta cuestión cuando resuelva los recursos pendientes.
El escrito presentado hoy por la defensa de Gómez documenta lo que califica de 'patrón de aceleración procesal injustificada' que abarca las últimas tres semanas de instrucción. Según Camacho, Peinado dictó el auto de procesamiento el 13 de abril sin haber completado tres diligencias de prueba solicitadas por la defensa el 2 de abril: la declaración de dos testigos propuestos (un exdirector de la SEPI y un técnico del Ministerio de Hacienda), la incorporación al sumario de un informe pericial contable sobre los contratos de Innova Next encargado por la propia defensa, y la práctica de un careo entre Barrabés y Álvarez sobre las circunstancias de una reunión celebrada el 14 de septiembre de 2022. La denegación de estas diligencias, argumenta la defensa, vulnera el derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución y genera una indefensión material que podría invalidar el procesamiento. El escrito cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 132/2021) que establece que 'la denegación de diligencias de prueba propuestas en fase de instrucción constituye vulneración del derecho de defensa cuando las diligencias son pertinentes, útiles y no dilatorias'.
La batalla procesal entre Gómez y Peinado se libra simultáneamente en tres instancias judiciales, lo que genera un laberinto de plazos y resoluciones cruzadas que los propios abogados reconocen como 'extraordinariamente complejo'. En el Juzgado de Instrucción número 41, Peinado debe resolver el escrito presentado hoy y decidir si paraliza la tramitación hacia el jurado o continúa con el procedimiento. En la Audiencia Provincial de Madrid, la Sección 23 tiene pendientes tres recursos de reforma contra autos de Peinado dictados entre el 28 de marzo y el 13 de abril, cuya resolución podría alterar sustancialmente el marco del procesamiento. Y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la defensa ha anunciado que presentará esta semana una querella por prevaricación contra Peinado basada en la omisión de diligencias y la aceleración de plazos. Si el TSJM admite a trámite la querella — una posibilidad que los juristas estiman en un 20-30% —, deberá decidir si Peinado puede seguir instruyendo el caso mientras es investigado por prevaricación en el ejercicio de esa misma instrucción.
El contexto político del caso añade una capa de complejidad que los tribunales intentan ignorar pero que la opinión pública no puede evitar percibir. El procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno en activo por cuatro delitos, su derivación a un juicio con jurado popular y la acusación de prevaricación contra el juez instructor son hechos sin precedente en la democracia española. La derecha política y mediática interpreta el caso como la prueba de que 'nadie está por encima de la ley, ni siquiera el entorno del presidente'; la izquierda lo presenta como 'una persecución judicial diseñada para desestabilizar al Gobierno'; y los juristas independientes consultados ofrecen una lectura más matizada: 'El caso tiene elementos objetivos que justifican la investigación pero también tiene elementos procesales que cuestionan la imparcialidad del instructor. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo'.
Los próximos días serán decisivos para el rumbo del caso. Peinado debe responder al escrito de la defensa antes del viernes 25 de abril: si rechaza la petición de paralización, la defensa interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que podría resolverse en un plazo de 10 a 15 días. Si acepta paralizar la tramitación hasta que se resuelvan los recursos pendientes, el caso quedaría en un limbo procesal de duración indeterminada que beneficiaría a la defensa pero que el juez consideraría una renuncia a su función instructora. Las fuentes cercanas a Peinado anticipan que el juez 'no va a paralizar nada' y que continuará con la tramitación hacia el jurado 'conforme a los plazos legales', una posición que la defensa impugnará 'en cada fase del procedimiento hasta agotar todas las vías de recurso disponibles'.
La dimensión mediática del caso ha alcanzado proporciones que ni la defensa ni la acusación pueden controlar. El procesamiento de Gómez ocupó las portadas de todos los periódicos nacionales el 14 de abril y generó más de 27.000 menciones en redes sociales en las primeras 24 horas, según los datos de Meltwater. Los medios de comunicación afines al Gobierno han adoptado la narrativa de la 'persecución judicial' con editoriales que cuestionan la imparcialidad de Peinado; los medios de la oposición han adoptado la de la 'corrupción en Moncloa' con crónicas que subrayan la gravedad de los delitos imputados. La prensa internacional (Financial Times, Le Monde, The Guardian) ha cubierto el caso con la perspectiva de la 'judicialización de la política española', un marco que sitúa el caso Gómez en el contexto más amplio de la tensión entre poder judicial y poder ejecutivo que caracteriza a las democracias del sur de Europa.
El caso Begoña Gómez, en suma, ha dejado de ser un expediente judicial para convertirse en un test de estrés del sistema de garantías procesales español. Si los tribunales resuelven los recursos con independencia, si el jurado se selecciona con imparcialidad y si el juicio se celebra con todas las garantías, el resultado — sea absolutorio o condenatorio — reforzará la confianza en el Estado de Derecho. Si, por el contrario, la acumulación de irregularidades procesales documentadas por la defensa se confirma en instancias superiores, o si la mediatización del caso contamina la selección del jurado, el resultado será la erosión de la credibilidad del sistema judicial que ningún demócrata debería desear. La justicia, como recordaba el magistrado emérito Martín Pallín esta misma semana, no solo tiene que hacerse: tiene que parecer que se hace.
