La declaración de Begoña Gómez ante la Fiscalía Europea se produjo en la sede del organismo supranacional en la calle Serrano de Madrid y, según las fuentes jurídicas consultadas por esta redacción, se estructuró en torno a tres bloques temáticos que la fiscal delegada europea abordó con una brevedad que ha generado interpretaciones contradictorias. El primer bloque se centró en la naturaleza de la relación entre Gómez y Barrabés: la esposa del presidente reiteró que su vínculo con el empresario era estrictamente académico, derivado de la codirección de un máster de transformación digital en la Universidad Complutense, y negó que existiera entre ambos una relación personal que pudiera haber influido en los procesos de contratación pública. El segundo bloque abordó los catorce coma siete millones de euros en contratos que las entidades públicas Red.es y CDTI adjudicaron a empresas del grupo de Barrabés con financiación de fondos Next Generation: Gómez negó haber intervenido de manera alguna en las licitaciones, haber contactado con los responsables de las mesas de contratación o haber conocido siquiera los detalles técnicos de las propuestas presentadas. El tercer bloque, el más breve, se refirió a las cartas de recomendación que la Fiscalía ha documentado con la firma de Gómez.
El auto de Peinado rechazando los recursos de archivo constituye un punto de inflexión procesal que la defensa de Gómez ya ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid. El instructor argumenta que las diligencias practicadas durante los últimos meses han reforzado los indicios de criminalidad y que el material probatorio acumulado — correos electrónicos, actas de reuniones, declaraciones de testigos y la documentación obtenida de la propia Fiscalía Europea — justifica la celebración de un juicio oral ante un jurado popular. La elección del jurado como modalidad procesal es significativa: los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios son competencia del jurado según la ley orgánica del tribunal del jurado, pero la malversación y la apropiación indebida no lo son necesariamente, lo que ha llevado a la defensa a plantear una cuestión de competencia que Peinado ha resuelto argumentando que la conexidad entre los cuatro delitos imputados justifica el enjuiciamiento conjunto ante el jurado por el delito de mayor gravedad. La decisión es jurídicamente controvertida y los catedráticos de derecho procesal consultados por esta redacción se dividen: unos consideran que el auto es correcto porque la conexidad entre los delitos es evidente, mientras otros advierten de que forzar un juicio con jurado para delitos que no son de su competencia natural podría generar una nulidad que beneficiaría a la acusada.
La cuantía de los contratos investigados ha aumentado respecto a las cifras que se manejaban en fases anteriores del procedimiento. Si inicialmente la investigación se centraba en los ocho coma cuatro millones de euros adjudicados por Red.es, la Fiscalía Europea ha ampliado su foco para incluir otros contratos por valor de seis coma tres millones adicionales adjudicados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación a empresas del mismo grupo empresarial, lo que eleva el montante total investigado a catorce coma siete millones de euros. La ampliación se produjo tras la declaración de un exdirector del CDTI que reconoció ante la Fiscalía haber recibido una llamada de un cargo del Ministerio de Ciencia — cuya identidad no ha trascendido — sugiriéndole que «mirase con buenos ojos» la candidatura de las empresas de Barrabés en una licitación para proyectos de inteligencia artificial. La defensa de Gómez ha insistido en que su representada no tiene relación alguna con los contratos del CDTI y que la ampliación de la investigación demuestra que la Fiscalía está buscando desesperadamente indicios donde no los hay.
En el frente Kitchen, la sesión de ayer estuvo marcada por las declaraciones de dos testigos policiales que aportaron información relevante sobre los registros practicados en noviembre de dos mil diecisiete en el domicilio y el despacho profesional del excomisario Villarejo. Los agentes, que participaron en los registros como miembros de la Unidad de Asuntos Internos, confirmaron que Villarejo se encontraba presente durante parte de las diligencias, un dato que contradice la versión sostenida por la defensa del excomisario, que ha mantenido que su cliente fue detenido y trasladado a dependencias policiales antes de que comenzaran los registros y que, por tanto, no pudo supervisar ni alterar el material intervenido. La presencia de Villarejo durante los registros abre una línea de investigación sobre la cadena de custodia de las pruebas que la defensa ha explotado desde el primer día del juicio: si el excomisario tuvo acceso visual o físico al material antes de que fuera precintado y catalogado, la integridad de algunas de las pruebas documentales podría ser cuestionada.
La cirugía de Villarejo programada para el once de mayo añade una nueva incertidumbre al calendario procesal del juicio Kitchen, que ya ha sufrido múltiples aplazamientos y suspensiones desde su inicio. La intervención, según el informe médico presentado por la defensa, es una artroscopia de rodilla que requiere entre cuatro y seis semanas de recuperación, un plazo que el tribunal ha considerado compatible con una reanudación del juicio a mediados de mayo. Sin embargo, la defensa ya ha anticipado que solicitará un aplazamiento adicional si la recuperación postoperatoria se complica, una maniobra que la acusación popular ha denunciado como «dilación procesal sistemática» diseñada para agotar los plazos de prescripción de algunos de los delitos imputados. El traslado de la fase documental al catorce de mayo permitirá al tribunal revisar los más de trescientos documentos que las partes han propuesto como prueba, incluyendo contratos, informes de Asuntos Internos, grabaciones telefónicas y memorandos internos del Ministerio del Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz.
La confluencia temporal de los casos Begoña Gómez y Kitchen ilustra una realidad que define la vida judicial española de dos mil veintiséis: la justicia procesal se ha convertido en un campo de batalla político donde cada auto, cada declaración y cada aplazamiento es inmediatamente metabolizado por los partidos para alimentar sus respectivas narrativas. El PP utiliza ambos casos como prueba de la «corrupción institucional» del entorno de Sánchez, argumentando que la simultaneidad de investigaciones contra la esposa del presidente, el excomisario que espió a Bárcenas desde el Ministerio del Interior y los implicados en la trama Koldo dibuja un patrón de «uso del poder del Estado para fines personales y partidistas». El PSOE, por su parte, denuncia que los casos son instrumentalizados judicialmente con fines electorales — «no es casualidad que Peinado firme el auto de no archivo a diez días de las elecciones andaluzas», ha declarado un portavoz socialista — y que la acumulación de procedimientos busca crear una percepción de culpabilidad que no se corresponde con las pruebas disponibles.
La Fiscalía Europea opera con independencia respecto al sistema judicial español y sus conclusiones sobre los contratos de Barrabés tendrán un peso específico que trasciende el procedimiento de Peinado. Si la Fiscalía Europea concluye que no existen indicios de irregularidad en los contratos financiados con fondos Next Generation, la defensa de Gómez dispondrá de un argumento poderoso para solicitar el archivo de la causa ante Peinado o, al menos, la exclusión de los delitos de malversación del enjuiciamiento. Si, por el contrario, la Fiscalía Europea decide formular acusación, el caso adquiriría una dimensión supranacional sin precedentes en la democracia española: la esposa de un presidente del Gobierno en ejercicio siendo acusada por un organismo judicial de la Unión Europea por irregularidades en el uso de fondos comunitarios. La decisión de la Fiscalía Europea se espera para el tercer trimestre de dos mil veintiséis, lo que sitúa la resolución del caso más allá de las elecciones andaluzas pero dentro del horizonte temporal de la legislatura nacional.
Los abogados de Gómez han anunciado que impugnarán el auto de Peinado ante la Audiencia Provincial de Madrid por tres motivos: primero, que la instrucción se ha prolongado más allá del plazo legal sin que el instructor haya justificado adecuadamente las prórrogas; segundo, que la imputación por cuatro delitos se sustenta en indicios insuficientes que no resistirían el escrutinio de una vista de apertura de juicio oral; y tercero, que la decisión de encausar ante jurado popular es jurídicamente improcedente para los delitos de malversación y apropiación indebida. La batalla procesal promete extenderse durante semanas y cada resolución será escrutada por los medios y los partidos como un indicador del rumbo que tomará el caso. Lo que nadie discute, ni desde la defensa ni desde las acusaciones, es que la suerte judicial de Begoña Gómez se ha convertido en un factor político de primer orden que condiciona la estabilidad del Gobierno, la estrategia de la oposición y la percepción ciudadana sobre la independencia del poder judicial en España.
