Y sigamos concediendo, porque la concesión, cuando es honrada, llega lejos. Tienen razón también en que el Gobierno ha hecho algo bien. El propio informe lo reconoce: sin las rebajas de impuestos sobre la electricidad, el gas y los carburantes, la inflación energética del periodo abril-agosto habría superado en casi diez puntos porcentuales a la observada. Diez puntos no se discuten: se agradecen. El ahorro para los hogares, calcula la institución, ronda los 3.675 millones de euros, un 0,21% del PIB que usted no ha tenido que sacar del bolsillo. De modo que el poder le ha subido el crecimiento y le ha bajado la factura. Dos buenas noticias en un solo documento. Casi un milagro, y los milagros, cuando los firma un banco central, conviene mirarlos de cerca.
Aceptemos una premisa más. Si el Estado ha gastado en rebajarle a usted la luz, es lógico que el Estado haya gastado. No se protege al ciudadano gratis. El Banco de España lo anota con precisión contable: el gasto neto subirá este año un 7%, muy por encima del 4,8% de 2025. Es decir, el Gobierno ha abierto la mano, y la ha abierto en parte por usted. Quien quiera resultados tendrá que aceptar la cuenta. Hasta aquí, la lógica oficial es impecable: se crece, se protege, se gasta. Tres verbos que riman.
Sigamos, que la coherencia obliga. Si el gasto sube un 7% este año, es que viene subiendo desde hace tiempo. Y en efecto: desde 2023 el incremento acumulado se aproxima al 17%. También esto tiene explicación, porque proteger no se improvisa en un trimestre. Un Gobierno que decide blindar los bolsillos de los hogares durante una crisis energética no puede hacerlo a plazo fijo. La protección es un compromiso, y los compromisos cuestan dinero año tras año. Nadie puede reprocharle al poder haber cumplido su palabra con usted. Admitámoslo: cumplió.
Y aquí es donde la aritmética, que no tiene bando, pone una cifra incómoda sobre la mesa. Ese 17% acumulado desde 2023 está cuatro puntos porcentuales por encima del umbral fijado en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo que España envió a Bruselas. Cuatro puntos. No es el apocalipsis: el déficit cerraría 2026 en el 2,6% del PIB, dentro del límite del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El techo se respeta. Pero el ritmo con el que uno se acerca al techo también cuenta, y el Banco de España lo señala como el aviso central de su documento: una cosa es no chocar y otra ir acelerando hacia el muro.
Escribió Quevedo que "poderoso caballero es don Dinero", y don Dinero, cuando es público, tiene la curiosa costumbre de llegar deprisa y marcharse despacio. La Comisión Europea reactivó las reglas fiscales tras la suspensión de la pandemia precisamente porque había aprendido que las sendas de ajuste solo existen si alguien las recorre. España firmó una. Firmar una senda y luego apartarse de ella cuatro puntos no es romper la ley: es demostrar que la firma valía menos que la ocasión de firmarla.
Ahora sigamos el razonamiento hasta donde él solo nos lleva, sin añadir nada. Nos han dicho que la economía crece más de lo previsto. Nos han dicho que la inflación media sube también más de lo previsto, al 3,9% en 2026, con una subyacente del 3,4% que no se explica por la energía ni por los alimentos frescos, porque precisamente los excluye. Y nos han dicho que el gasto público se dispara por encima de lo pactado. Pongamos las tres frases una junto a otra. Si usted crece, si los precios de fondo suben, y si el Estado gasta cuatro puntos de más, entonces el margen para seguir protegiéndole con rebajas se estrecha justo cuando más caras se ponen las cosas. La rebaja que le ahorró 3.675 millones es, por diseño, un paraguas que no puede usted abrir indefinidamente sin que la lluvia entre por otro lado: la deuda.
De modo que el cuadro completo, leído con el rigor del propio organismo, dice esto y no otra cosa: le han bajado la factura de la luz pidiendo prestado contra una senda de gasto que España se comprometió a no sobrepasar, en un momento en que los precios de fondo —los que no dependen de Ormuz ni de ninguna guerra— siguen subiendo. El Banco de España tiene la elegancia de ofrecer cuatro escenarios según el conflicto en Oriente Próximo, desde la escalada bélica hasta la resolución diplomática, para que la cifra final dependa de algo sobre lo que España no tiene "capacidad de influencia directa". Es la coartada perfecta: el futuro lo decide el estrecho de Ormuz. Pero los cuatro puntos de desvío sobre lo pactado con Bruselas no los decidió Ormuz. Los decidió quien abrió la mano desde 2023 y la dejó abierta, y ese nombre sí figura en el expediente. Ni en el escenario benigno, con el crudo normalizado y el crecimiento cuatro décimas más alto, se cierra ese desfase: porque ese desfase no es geopolítico, es doméstico. Igual que la burbuja de 2008 no la trajo ningún estrecho lejano, sino una casa cercana que todos miraron crecer sin preguntar quién pagaría la caída.
Queda, pues, la pregunta que el informe deja abierta y nadie recoge, porque tiene nombre y el nombre incomoda. Cuando el paraguas fiscal se cierre —y se cierra solo, por aritmética, cuando el gasto neto choca con la senda europea—, y la inflación subyacente del 3,4% siga ahí sin energía a la que culpar, la factura que hoy le han rebajado volverá a su buzón con los intereses de habérsela aplazado. La cuestión no es si el techo del 3% se respeta este año: se respeta. La cuestión es quién firmó comprometerse con Bruselas a una senda de gasto y luego se apartó de ella cuatro puntos confiando en que una guerra ajena cargara con la explicación: ¿fue el estrecho de Ormuz, o fue José Luis Escrivá quien, antes de presidir el banco que ahora lo advierte, se sentaba en el Gobierno que lo decidió?