La investigación arrancó tras detectar la Guardia Civil un repunte de los robos de vehículos en la capital balear, con especial incidencia en motocicletas de pequeña cilindrada tipo scooter. A partir de esa alerta, los investigadores obtuvieron información que apuntaba a que parte de las motos robadas en Palma podían estar siendo trasladadas hasta un taller clandestino ubicado fuera de la capital, en la Part Forana, la zona rural del interior de Mallorca. Las pesquisas permitieron acotar progresivamente el área hasta situar el punto de destino en el municipio de Selva.
Los agentes localizaron finalmente una antigua fábrica en desuso que despertó sus sospechas. En el registro del inmueble hallaron las 19 motocicletas, la mayoría desmontadas total o parcialmente y dispuestas, según la Guardia Civil, para su transporte al extranjero. Las matrículas de los vehículos habían sido retiradas, lo que obligó a los investigadores a cotejar los números de bastidor —el identificador único grabado en el chasis— para determinar su procedencia. Ese cruce de datos permitió confirmar que las 19 motos habían sido sustraídas en Palma entre abril y junio de este 2026.
El estado del material y su forma de embalaje aportaron indicios adicionales sobre el destino final de la mercancía. Según trasladó la Guardia Civil, algunas de las piezas presentaban un rotulado y un empaquetado que apuntaban a un envío a Senegal, país donde presuntamente iban a ser ensambladas de nuevo para devolverlas a circulación, eludiendo así los controles de identificación vigentes en España.
El detenido y su papel en la trama
En el marco del operativo fue detenido un hombre de 50 años, de origen magrebí y residente en Selva, señalado por la Guardia Civil como presunto responsable de custodiar y manipular las motocicletas en el interior de la fábrica abandonada. Su detención no implica, conforme al principio de presunción de inocencia recogido en el artículo 24.2 de la Constitución, ningún pronunciamiento sobre su culpabilidad.
El detenido tiene la consideración de investigado, el primer escalón del proceso penal español desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, que sustituyó al antiguo término de imputado. Corresponderá al juzgado de instrucción competente en Mallorca determinar si existen indicios suficientes para su procesamiento y, en su caso, la apertura de juicio oral.
La Guardia Civil ha precisado que la investigación continúa abierta para esclarecer la totalidad del entramado, incluida la identidad de quienes habrían participado materialmente en la sustracción de los vehículos en Palma y en su posterior traslado hasta el taller de Selva. Los agentes no descartan nuevas detenciones vinculadas tanto a los robos como a la logística del presunto envío al continente africano.
Este tipo de tramas de tráfico ilegal de vehículos con destino a África occidental no son nuevas en España. Los cuerpos policiales han desarticulado en distintas ocasiones en la última década redes similares que aprovechaban puertos peninsulares y de Canarias para exportar coches y motos robados, a menudo camuflados como piezas de recambio o desguace, hacia países como Senegal, Mauritania o Guinea, donde la demanda de vehículos de segunda mano y la menor trazabilidad documental facilitan su reventa. El método detectado en Selva —desmontar los vehículos y retirar las matrículas para reensamblarlos en destino— reproduce ese patrón conocido de las investigaciones previas.
El caso incide en una vulnerabilidad específica del mercado insular: la condición de Mallorca como destino turístico masivo eleva la circulación de scooters de alquiler y de residentes, lo que amplía el parque de vehículos susceptibles de sustracción en los meses de mayor afluencia, coincidiendo con el periodo primaveral y de inicio de temporada en que se produjeron los robos ahora esclarecidos.
Las 19 motocicletas recuperadas ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios, según ha informado la Guardia Civil, lo que cierra para las víctimas directas un proceso que en muchos casos había derivado en denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el correspondiente parte al seguro.
La causa queda ahora en manos de la instrucción judicial, que deberá determinar si el detenido es finalmente procesado y, de serlo, ante qué órgano se sustanciaría el juicio. La Ley de Enjuiciamiento Criminal reserva el enjuiciamiento a los juzgados de lo penal cuando la pena solicitada no supera los cinco años de prisión, y a la Audiencia Provincial en los casos más graves. La operación BlackMotor sigue su curso, y de su desarrollo dependerá si el caso se salda como una red desarticulada o como una pieza aislada de un circuito de mayor alcance.
