Jurídicamente, la advertencia parte de una premisa: una donación es una transmisión real e irreversible de la propiedad. Si unos padres entregan una vivienda a un hijo, este pasa a ser su propietario, aunque se pacten condiciones o se reserve el usufructo vitalicio para los donantes, una fórmula habitual que les permite seguir viviendo en el inmueble aunque este ya no les pertenezca por completo.
El Código Civil regula estas operaciones y fija un límite: una persona puede donar todos sus bienes presentes o parte de ellos, pero siempre reservándose lo necesario para vivir conforme a sus circunstancias. Ese margen de seguridad, según la notaria, puede quedar comprometido cuando quien dona tiene edad avanzada y desconoce qué necesidades de cuidados, adaptación de la vivienda o ingreso en residencia tendrá una década después.
A ese riesgo se suma otro: la situación económica de quien recibe la donación también puede cambiar. Clemente señala que tener hoy un buen empleo no garantiza mantenerlo dentro de diez años, y que si el hijo atraviesa dificultades o acumula deudas, el bien donado pasa a integrar su patrimonio y puede verse afectado por circunstancias que antes de la donación no existían para los padres.
Uno de los puntos que la notaria subraya con más insistencia es la escasa capacidad de reversión de una donación una vez firmada. El Código Civil solo permite revocarla en supuestos tasados, como el incumplimiento de condiciones pactadas o la ingratitud del donatario; necesitar de nuevo el dinero o simplemente arrepentirse no habilita por sí solo para recuperar lo entregado.
La alternativa que plantea es el testamento, que deja la titularidad de los bienes en manos del propietario mientras viva. A diferencia de la donación, el testador conserva la facultad de vender sus bienes si necesita liquidez y puede modificar el documento cuantas veces quiera si cambian las circunstancias familiares, algo que la donación no permite una vez formalizada ante notario.
Impuestos distintos según la comunidad
La fiscalidad añade otra capa a la decisión. Quien recibe una donación debe liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya cuantía varía de forma notable entre comunidades autónomas por las distintas reducciones y bonificaciones aplicables. El donante, por su parte, puede tener que tributar en el IRPF por la ganancia patrimonial si el inmueble donado se ha revalorizado desde su compra, aunque no reciba dinero a cambio.
Existe una excepción para los mayores de 65 años: la Agencia Tributaria permite que la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de la vivienda habitual quede exenta del IRPF si se cumplen los requisitos previstos, exención que también puede aplicarse en determinados casos de transmisión de la nuda propiedad con reserva de usufructo vitalicio. Esa ventaja, sin embargo, no elimina el resto de impuestos ni convierte la donación en la opción más ventajosa de forma automática.
La notaria recuerda que, al margen de la edad del donante, cualquier operación de este tipo debe formalizarse con rigor: justificar el origen del dinero, acreditar el parentesco y liquidar correctamente los impuestos. La trazabilidad documental de las operaciones económicas es, de hecho, la cuestión de fondo en otros asuntos de la actualidad judicial, como el que afecta a Alberto Durán, que niega el soborno que le atribuye una nota de Leire Díez con otro nombre.
Su conclusión, dirigida sobre todo a quienes rondan los 80 años, es que desprenderse de una parte importante del patrimonio solo porque en ese momento no se necesita puede dejar al donante con menos margen del esperado. «No podemos saber qué va a necesitar 10 años más tarde», resume Clemente, que opone a la irreversibilidad de la donación la flexibilidad de un testamento que puede rehacerse mientras se vive.