La investigación arrancó cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) sospechó de la comercialización de bananas como plátanos de Canarias, una denominación de origen protegida. El rastro llevó a los agentes hasta una explotación ganadera situada en Torrellano, pedanía de Elche, donde un operador mayorista entregaba fruta descartada para consumo humano con el fin de que sirviera de alimento al ganado.
Al revisar la documentación de las explotaciones, la Guardia Civil detectó una anomalía: una granja de ganado ovino y caprino retiraba volúmenes de fruta muy elevados pese a tener pocos animales, e incluso durante largos periodos en los que, según el Instituto Armado, no contaba con ninguno.
Desde la explotación de Torrellano, una segunda persona recogía la fruta en un furgón para venderla en mercadillos de las provincias de Alicante y Valencia. Se ofrecía al público en los mismos envases serigrafiados con la marca de plátano de Canarias, muchas piezas con su etiqueta original todavía pegada.
El transporte se realizaba, según el relato de la Guardia Civil, en un vehículo de uso agrícola y ganadero sin limpieza ni desinfección previa. En la propia explotación, la fruta se almacenaba junto a los animales y sus deyecciones, donde era manipulada y reenvasada en cajas previamente descartadas. Al tratarse de un producto ya apartado de la cadena alimentaria humana y después manipulado sin garantías higiénico-sanitarias, existía riesgo de contaminación.
A los dos investigados, ambos de nacionalidad española, se les atribuyen tres delitos: uno contra la salud pública, otro relativo al mercado y a los consumidores, y un tercero contra la propiedad industrial por el uso indebido de la marca protegida. El delito contra la salud pública está tipificado en los artículos 363 y siguientes del Código Penal, que castigan a quienes pongan en peligro la salud de los consumidores ofreciendo alimentos no aptos o con riesgo sanitario.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, que deberá decidir sobre la continuidad del procedimiento. El caso se suma a otros expedientes de instrucción abiertos estas semanas en distintos puntos del país, como la investigación interna de la UCO frenada por la jueza de Badajoz en el caso Hermanísimo, aunque este procedimiento se circunscribe al ámbito de la seguridad alimentaria.
Los dos investigados mantienen la presunción de inocencia mientras continúa la instrucción. El Tribunal de Instancia de Elche, órgano que desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2024 agrupa en una sola estructura los antiguos juzgados de cada partido, deberá determinar ahora si la causa avanza hacia juicio.