Miguel Durán y Alberto Durán no son la misma persona. Miguel Durán, nacido en Azuaga (Badajoz) en 1955, fue director general de la ONCE entre 1986 y 1993, presidió Telecinco y Onda Cero en los años noventa —cuando la organización de ciegos era accionista de ambas cadenas— y encabezó en 2009 la lista de Ciudadanos-Libertas al Parlamento Europeo; hoy dirige el despacho Durán & Durán Abogados. Alberto Durán, en cambio, es el abogado del PP personado en el caso que afecta al exasesor Koldo García.
Fue después, a preguntas de la Cadena SER, cuando Leire Díez sostuvo que el apunte con el nombre de Miguel Durán se refería en realidad a Alberto Durán, en lo que describió como un error de redacción. Esa explicación procede de la propia persona imputada que firma el cuaderno, en un momento en que la causa que afecta al PSOE coincide con la campaña electoral del 29 de noviembre.
«Despropósito total» y «absolutamente falsa». Así calificó Alberto Durán, abogado del PP en el caso Koldo, la acusación que le vincula con el entorno del exasesor a partir del apunte de Leire Díez.
El tratamiento mediático de Leire Díez ha dado un giro en los últimos meses. Hace pocas semanas, columnas de El País se referían a ella con sorna: Luz Sánchez-Mellado la retrató como un «tercer espécimen» del oficio periodístico y cuestionó su pretensión de presentarse como periodista de investigación en vez de como fontanera del PSOE, mientras Berna González Harbour comparaba el episodio con el inspector Gadget desplegando agendas y apuntes para frenar investigaciones. Ese escepticismo inicial contrasta con el peso probatorio que ahora se otorga a sus anotaciones manuscritas contra el abogado del PP, pese a que el documento original nombra a una persona distinta de la señalada.
Marco procesal de la causa
Leire Díez figura imputada en la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, en una pieza que investiga una presunta trama orientada a desactivar causas judiciales que afectan al PSOE. En ese marco procesal, los documentos aportados por los propios investigados —incluidos cuadernos o notas manuscritas— quedan sujetos a la valoración del instructor y de las partes personadas, que pueden impugnar su fiabilidad o su interpretación, especialmente cuando contienen correcciones posteriores a la redacción original.
El caso Koldo, del que deriva la mención al abogado del PP, investiga adjudicaciones de mascarillas y material sanitario durante la pandemia y mantiene abiertas varias piezas separadas en los juzgados centrales de instrucción. No es la primera controversia del sumario sobre la atribución de nombres y conversaciones: el episodio se suma a otros en los que la identificación de interlocutores ha sido objeto de disputa entre las partes en un procedimiento que permanece abierto. La trama de la que forma parte Díez ya ha tenido otras derivadas políticas, como la que ha llevado a Junts a plantear en Bruselas asuntos vinculados a la gestión del Gobierno.