La querella del Ministerio Público llega tras una investigación abierta a raíz de la denuncia del Grupo Socialista en el Consell, que puso el foco en el uso de los vehículos oficiales asignados al vicepresidente insular. El procedimiento se encuentra en una fase previa a su desarrollo judicial, a la espera de que la querella sea admitida a trámite por el juzgado competente. Bestard figura, de momento, como investigado por un presunto delito de malversación, sin que conste procesamiento ni acusación formal.
El delito de malversación, regulado en el Código Penal, castiga la apropiación o el uso indebido por un cargo público de los caudales o bienes puestos a su cargo. En su redacción reformada en 2022, distingue entre la apropiación de fondos y la administración desleal o el uso temporal de bienes públicos, con penas sensiblemente menores para esta última modalidad, que es la que encajaría con el supuesto uso de vehículos oficiales.
Desde la institución insular se ha pedido prudencia y respeto a las decisiones de la Fiscalía, evitando pronunciamientos que puedan interpretarse como un prejuzgamiento de los hechos. Galmés ha vinculado su promesa de actuación a la confirmación judicial de las irregularidades, no a la mera apertura de la causa.
«Actuaremos con toda la contundencia necesaria y adoptaremos las medidas que correspondan si se confirman irregularidades», han trasladado fuentes del Consell de Mallorca en nombre de Llorenç Galmés.
Esas mismas fuentes han insistido en que la institución debe regirse por «responsabilidad, transparencia y rigor», y han subrayado que corresponde a la justicia esclarecer los hechos. El Consell ha evitado anticipar un desenlace y ha reclamado que se respete la presunción de inocencia del vicepresidente mientras el procedimiento sigue su curso.
«Debe respetarse en todo momento la presunción de inocencia de Pedro Bestard», han señalado fuentes del Consell de Mallorca.
El uso de medios públicos por cargos electos ha generado otros procedimientos en la jurisdicción española, un terreno en el que el Tribunal Supremo ha fijado criterios en los últimos años, como en las condenas que ratificó en 2023 por el crimen del concejal Javier Ardines en Llanes. Por el momento, el procedimiento contra Bestard queda pendiente de que el juzgado decida sobre la admisión de la querella, mientras el Consell mantiene la posición de prudencia expresada por sus portavoces a la espera de que la investigación determine si hubo uso indebido de los coches oficiales.
