La carretera que conecta Isla Mayor con Villamanrique de la Condesa, en el entorno de Aznalcázar, centra la reclamación. La Diputación concedió inicialmente al Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, una subvención de 1,9 millones de euros dentro del programa Vías Singulares del Plan Contigo 2020-2021, y en diciembre de 2023 autorizó una aportación adicional de 4,1 millones para financiar el reformado del proyecto, hasta superar los seis millones de financiación provincial.
El Ayuntamiento sacó las obras a licitación por 4.819.909 euros sin IVA, y el Pleno municipal acordó el 20 de febrero de 2025 adjudicar el contrato a OPR por 4,5 millones, cantidad que ascendía a 5,4 millones con el impuesto incluido. Al procedimiento concurrieron tres empresas, con un plazo previsto de 18 meses para completar los trabajos.
OPR ya figuraba entre las empresas investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las pesquisas sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. El 28 de julio de 2025, apenas cinco meses después de lograr el contrato en Sevilla, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid declaró a la compañía en concurso voluntario de acreedores.
La Diputación admite el bloqueo del contrato
La propia Diputación reconoció el 5 de junio de 2026 que las obras de Aznalcázar figuraban entre las actuaciones del programa Vías Singulares afectadas por el «surgimiento de causas de resolución del contrato». Ante las dificultades para completar los proyectos, la institución planteó una nueva línea de refuerzo financiero de 1,2 millones de euros para distintas actuaciones, de los cuales 450.000 euros corresponderían a necesidades adicionales estimadas solo para Aznalcázar.
El PP ha puesto el foco también en el estado de conservación de la vía, utilizada por vecinos y conductores de varios municipios de la comarca, y advierte de que su deterioro plantea un problema de seguridad vial. La formación reclama que se adopten medidas para garantizar condiciones adecuadas de circulación mientras el contrato permanece sin resolverse según el calendario previsto.
«Queremos saber qué ha ocurrido con esta obra, por qué acumula tantos retrasos y cuándo se va a ofrecer una solución a los vecinos que utilizan esta carretera», ha reclamado el PP de Sevilla.
Los populares han vinculado este caso a otras informaciones sobre infraestructuras sevillanas relacionadas con la trama Koldo, como las obras del Puente del V Centenario, y consideran razonable extender la petición de explicaciones a otras adjudicaciones públicas vinculadas a esta investigación. La contratación pública en los entes locales se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que exige publicidad, concurrencia y justificación de las modificaciones y resoluciones contractuales.
El PP ha reclamado finalmente a Javier Fernández que facilite los expedientes de adjudicación, las modificaciones presupuestarias y toda la información disponible sobre el estado actual de las obras, además de un calendario concreto para ejecutar las mejoras pendientes. «Los vecinos de Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa y Aznalcázar merecen respuestas y soluciones», ha concluido la formación.