El endurecimiento de las exigencias de los propietarios obedece en parte al temor a la okupación, uno de los fenómenos que más preocupación genera entre los arrendadores en España. Ese temor se traduce en la práctica en peticiones de garantías adicionales —avalistas, seguros de impago, depósitos ampliados— que penalizan especialmente a los inquilinos de mayor edad sin ingresos complementarios, como relata la propia Encarni.
«Tengo tres hijos y a todos tuve que ponerlos de avalistas», relató Encarni, jubilada de 83 años, sobre la renovación de su contrato de alquiler.
Su caso ilustra una paradoja del sistema de garantías: cuanto más tiempo lleva un inquilino pagando sin incidencias, menos protegido queda si su única fuente de ingresos es una pensión fija, considerada por buena parte del sector inmobiliario como una renta de menor solvencia que un salario activo, pese a tratarse de un ingreso estable y respaldado por la Seguridad Social.
El relato se enmarca en una tendencia que varios organismos vienen documentando con cifras. El Instituto Nacional de Estadística ha elevado al 9,5% la proporción de hogares españoles con problemas de espacio en la vivienda, el doble que en 2018, según un informe reciente del INE. La estadística no distingue por edad, pero ilustra el deterioro de las condiciones de acceso en menos de una década.
A la presión sobre el espacio se suma la brecha entre ingresos y precios. CC OO ha calculado que la vivienda ha subido 3,6 veces más que los salarios en los últimos 13 años, un desfase que golpea con especial dureza a quienes, como Encarni, dependen de una pensión actualizada con el IPC y no de una nómina negociable al alza.
Ante la dificultad creciente para sostener el alquiler, Encarni explicó que la respuesta que recibe tanto de instituciones como de su entorno se reduce a una sugerencia: «que te vayas a una residencia». La frase resume el vacío de alternativas habitacionales específicas para pensionistas que quieren permanecer en su vivienda habitual sin asumir el coste, a menudo mayor, de una plaza residencial.
La escalada de precios ha reactivado el debate sobre el parque de vivienda asequible y las políticas de ayuda al acceso, en un contexto en el que España arrastra una deuda pública que Eurostat sitúa en 35.399 euros por habitante, un dato que condiciona el margen fiscal disponible para reforzar programas de vivienda social o ayudas al alquiler.
La revalorización de las pensiones quedó ligada al IPC con la reforma aprobada en 2021, un mecanismo que garantiza que no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación general. El testimonio de Encarni muestra, sin embargo, que esa indexación no ha bastado para igualar el ritmo de subida de los alquileres en buena parte del país.
