La orden judicial fijaba las 10.30 horas para ejecutar el desalojo. Desde la víspera, simpatizantes del Sindicato de la Vivienda se habían concentrado frente al edificio para intentar impedirlo, una movilización a la que se sumaron estudiantes de centros educativos cercanos que secundaron las protestas contra la salida de la familia.
Durante la intervención, grupos de manifestantes levantaron barricadas humanas y lanzaron piedras y botellas contra los agentes, según la información publicada. La Brigada Móvil y efectivos de Seguridad Ciudadana recurrieron a material antidisturbios para despejar los accesos al inmueble, en una actuación que permitió completar el desalojo pese a las cargas y los agentes heridos.
Fissoun abandonó la vivienda junto a su mujer, Kalima, y su hijo mayor, al volante de una furgoneta Mercedes Vito gris metalizada. El hombre reclamó una alternativa habitacional para su familia; el Ayuntamiento de Vitoria le ofreció alojamiento temporal en un recurso municipal, oferta que, según la información publicada, rechazó antes de marcharse en su vehículo.
El inmueble pertenece a otro ciudadano de origen magrebí que, de acuerdo con esa misma fuente, llevaba años intentando recuperar la vivienda. El propietario habría llegado a compartir una habitación con su mujer embarazada y su hijo mientras se resolvía el litigio judicial.
El Sindicato de la Vivienda, vinculado según la información publicada a la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), convirtió el caso en símbolo de la crisis de acceso a la vivienda en el País Vasco. La organización denunció la actuación policial y convocó una marcha por el centro de Vitoria contra lo que calificó de violencia policial; sus organizadores cifraron en 90 los heridos entre los manifestantes, cifra que no coincide con el balance oficial de 19 agentes.
El marco legal fija que un lanzamiento solo puede ejecutarse por orden judicial y en la fecha señalada por el juzgado, con el auxilio de la fuerza pública cuando el ocupante no abandona voluntariamente el inmueble. El real decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda prevé que los servicios sociales puedan activar alternativas habitacionales en casos de vulnerabilidad, un recurso que el consistorio vitoriano ofreció en este caso.
La tensión entre el derecho de propiedad y el acceso a la vivienda atraviesa buena parte de la agenda autonómica, como refleja el debate presupuestario abierto en comunidades como Castilla y León, que proyecta un presupuesto de 16.472 millones para 2027. En Vitoria, el episodio enfrentó a quienes denuncian la actuación de la Ertzaintza y a quienes cuestionan la percepción de ayudas sociales por la familia desalojada.
