España ocupa esa quinta posición solo por detrás de Grecia (140,8%), Italia (139,9%), Francia (119,1%) y Bélgica (110,2%). La cifra española supera en 18,5 puntos la media comunitaria, fijada en el 82,9%, y también excede el promedio de la eurozona, del 88,8%, según el mismo organismo estadístico.
En volumen absoluto, España es la cuarta economía más endeudada de la Unión, por detrás de Francia —que supera los 3,595 billones y concentra el 22,5% del total comunitario—, Italia, con unos 3,2 billones, y Alemania, con 2,9 billones. El conjunto de la deuda pública de los Veintisiete asciende a 15,95 billones de euros.
El salto de 24.800 a 35.000 euros por habitante
Hace ocho años, con una población de 46,73 millones de personas, la deuda pública española rondaba los 1,16 billones de euros, unos 24.800 euros por habitante. Con 49,8 millones de residentes en la actualidad, el importe por persona ha crecido más de 10.000 euros en ese periodo, un salto que combina el aumento del endeudamiento total con el crecimiento demográfico del país.
La trayectoria de la ratio sobre el PIB, sin embargo, no ha sido lineal. Antes de la pandemia, España había logrado reducirla hasta el 97,7% en el cuarto trimestre de 2019, el nivel más bajo en años. Las medidas extraordinarias para sostener la economía durante la crisis sanitaria dispararon el indicador hasta un máximo del 121,2% del PIB en el primer trimestre de 2021, el pico de la serie reciente.
Desde entonces la ratio ha descendido con altibajos: cerró 2024 en el 101,4% y 2025 en el 100,5%, para repuntar de nuevo al 101,4% en los dos primeros trimestres de 2026, sin variación entre ambos periodos. El contraste entre el estancamiento de la ratio y el aumento del volumen absoluto de deuda —más de 72.000 millones adicionales en el último año— ilustra un fenómeno habitual: el crecimiento nominal de la economía diluye el peso relativo del pasivo aunque su importe en euros siga creciendo. En términos interanuales, España ha reducido la ratio en 1,8 puntos pese a ese aumento del endeudamiento.
La AIReF avisa de que el margen se agota
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido en su último Observatorio de Deuda de que los factores que han permitido moderar la ratio en los últimos años pierden intensidad. La contribución del crecimiento nominal de la economía a la reducción del indicador pasó de cerca de 12 puntos del PIB en 2022 a 5,6 puntos en 2025, según el organismo, una caída que estrecha el margen para seguir rebajando el peso de la deuda por la vía del crecimiento.
A ese freno se suma el encarecimiento progresivo de la financiación. La AIReF señala que la subida de los tipos de interés se trasladará de forma paulatina al coste de refinanciar los títulos de deuda que vayan venciendo, un proceso que tarda años en completarse porque el Tesoro renueva su cartera de bonos de forma escalonada, sustituyendo emisiones antiguas a tipos bajos por otras nuevas más caras.
El organismo fiscal calcula que, en un escenario de condiciones financieras menos favorables, el gasto anual en intereses de la deuda podría situarse entre 67.200 y 73.200 millones de euros en 2030, frente a los 58.300 millones previstos en el escenario base. El sobrecoste adicional oscilaría entre 9.000 y 15.000 millones de euros al año, una cifra que, de materializarse, detraería recursos de otras partidas presupuestarias.
Un fenómeno compartido con matices nacionales
El endeudamiento elevado no es una singularidad española: la práctica totalidad de las grandes economías europeas elevó su deuda tras la pandemia y la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania en 2022, que disparó los precios del gas y obligó a los gobiernos a sostener a hogares y empresas con ayudas públicas. El propio encarecimiento del gas, que esta semana ha subido a 91 euros por megavatio hora, su máximo desde diciembre de 2022, recuerda la persistencia de las presiones que en su día alimentaron el gasto público extraordinario.
Francia e Italia superan a España en ratio de deuda sobre PIB, pero también enfrentan tensiones políticas sobre el ajuste fiscal que han dificultado la aprobación de presupuestos restrictivos. Bélgica, cuarto país más endeudado de la lista por delante de España, comparte con esta un modelo de Estado descentralizado que complica la coordinación del gasto entre administraciones.
El marco normativo europeo exige situar la deuda pública por debajo del 60% del PIB, un umbral fijado en el Tratado de Maastricht de 1992 que prácticamente ningún gran país de la eurozona cumple en la actualidad. Las nuevas reglas fiscales europeas, en vigor desde 2024, sustituyeron el objetivo rígido por sendas de ajuste plurianuales negociadas país por país, para dar margen a los Estados más endeudados sin renunciar a la disciplina presupuestaria a medio plazo.
El peso de la deuda convive con otras señales de tensión en la economía doméstica. El precio de la vivienda y el volumen de crédito a las familias han seguido una trayectoria ascendente, mientras el objetivo de que 11 millones de trabajadores cuenten con un plan de empleo complementario sigue lejos de cumplirse: la cifra actual se queda en 3,3 millones de trabajadores con plan de empleo.
El Observatorio de Deuda de la AIReF sitúa en el horizonte de 2030 el momento en que el encarecimiento de los tipos de interés terminará de trasladarse por completo al presupuesto público, con un sobrecoste que el organismo cifra en hasta 15.000 millones anuales sobre el escenario base.