El allanamiento de morada está tipificado en los artículos 202 a 204 del Código Penal, que castiga con seis meses a dos años de prisión a quien, sin habitar en ella, entra en la vivienda de otra persona o se mantiene en ella contra la voluntad del morador. Según Feu, cualquier ocupación de un domicilio habitual —o de una segunda residencia, que el Tribunal Constitucional ampara como extensión de la primera— puede denunciarse por esta vía penal, lo que permite que la policía saque al ocupante «enseguida».
Las palabras de Feijóo desataron un cruce de reproches entre el PP y el PSOE, con acusaciones mutuas de mentir sobre el fenómeno de la ocupación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió recuperando un mensaje que había publicado en 2010, en el que ya abordaba la ocupación ilegal de viviendas.
El relato del ticket de pizza no es enteramente inventado. En el pasado, algunas personas utilizaron justificantes como un recibo de comida a domicilio para acreditar que residían en una vivienda vacía, lo que obligaba a la propiedad a iniciar un proceso judicial —no penal— para recuperar el inmueble. «La Constitución defiende el domicilio, sea con título o no, y si alguien certifica que un domicilio es suyo (y nadie vive allí), la forma de echarlo es con una orden judicial», explica Feu, un trámite que podía demorarse por la saturación de los juzgados.
Esa vía quedó prácticamente cerrada con la aprobación en 2018 de la ley de desahucio exprés, que permite el desalojo inmediato cuando el ocupante carece de un título que acredite un contrato de alquiler. La norma, señala Feu, invalidó artimañas como el ticket de pizza y forzó a las mafias dedicadas a la ocupación a recurrir a estrategias más sofisticadas, como la falsificación de contratos de arrendamiento.
Allanamientos, una fracción mínima de los casos
Los datos disponibles confirman que el allanamiento de morada es residual dentro del fenómeno de la ocupación. En 2025 se abrieron 7.110 procedimientos judiciales por ocupación, un 16,9% menos que en 2024, según los datos publicados por El Periódico de España. Fuentes de Interior cifraron en torno al 0,16% la proporción de esos procedimientos que corresponden a allanamientos. En 2022, último ejercicio con desglose detallado, solo 96 de los casi 9.000 procedimientos abiertos por ocupación fueron allanamientos, y se resolvieron con celeridad.
Feu sostiene que el discurso sobre el ticket de pizza está «trasnochado, vencido» porque los nichos de oportunidad que antes aprovechaban las mafias —pisos vacíos y mal gestionados de entidades bancarias o de la Sareb— han disminuido con la caída del parque de vivienda deshabitada. El perfil predominante de ocupación hoy, según su análisis, ya no es el de alguien que irrumpe en un domicilio ajeno, sino el de inquilinos con contrato legal que dejan de pagar la renta tras perder capacidad económica, o a quienes la propiedad decide no renovar el arrendamiento.
La polémica sobre la ocupación regresa al debate político en plena precampaña electoral, en paralelo a otros movimientos de la derecha como la gira que Santiago Abascal, líder de Vox, recorrerá por Menorca, Mallorca e Ibiza este fin de semana. El cruce de acusaciones entre PP y PSOE sobre quién falta a la verdad no se cerró con ninguna rectificación.
Feu resume la distancia entre el relato político y la práctica judicial con una afirmación tajante: calificó de «jurídicamente imposible» que alguien pueda ocupar una vivienda ajena mostrando un ticket de pizza, y recordó que «el okupa quiere quedarse el máximo de tiempo posible, así que evita ocupar viviendas que son el domicilio de alguien».
