Más allá del impacto en los hogares, los especialistas del sindicato ponen el foco en el encarecimiento de los locales comerciales, que según su análisis perjudica la actividad empresarial al elevar los costes fijos de alquiler de pequeñas y medianas compañías. El documento sostiene que ese fenómeno limita la capacidad de las empresas para invertir y contratar.
La cifra que vertebra el informe es la de los 411.000 empleos que, según los cálculos del sindicato, podrían crearse si el precio de la vivienda se redujera en torno a un 30%. La hipótesis plantea una relación entre el coste del alquiler o la compra y la disponibilidad de renta para el consumo, que a su vez impulsaría la demanda interna y la contratación.
El informe llega en un momento en que las centrales han intensificado su presión sobre el problema de la vivienda. Desde hace meses, CC OO reclama que el coste de acceder a una casa se incorpore como variable en la negociación de los convenios colectivos, de forma que las subidas salariales tengan en cuenta la evolución de alquileres y compraventas, y no solo la inflación general medida por el INE.
Esa reivindicación no es nueva: en junio de 2025 los sindicatos plantearon formalmente que el coste de acceder a una vivienda se tuviera en cuenta al negociar las subidas salariales, argumentando que el IPC general no refleja el peso que la vivienda tiene en el presupuesto de los hogares, especialmente en las grandes ciudades.
"El precio de la vivienda en propiedad ha aumentado 3,6 veces más que los salarios en los últimos 13 años", según el gabinete económico de CC OO.
El respaldo sindical a esta cuestión se ha traducido en un calendario de movilización: las centrales han convocado una huelga general para el 11 de noviembre en la que la vivienda actúa como eje reivindicativo. El informe difundido este viernes se enmarca en esa estrategia de cuantificar, con cifras propias, el impacto económico de un mercado inmobiliario tensionado.
El diagnóstico se suma a otros indicadores que alimentan el debate sobre el coste de la vida en España. La deuda pública española sube a 35.399 euros por habitante, según Eurostat, un dato que condiciona el margen fiscal del Gobierno para desplegar políticas de vivienda pública. A ello se añade que solo 3,3 millones de trabajadores tienen plan de empleo, lejos del objetivo de 11 millones en 2030.
El informe no detalla la metodología completa empleada para llegar a la cifra de 411.000 empleos potenciales, pero sitúa el umbral de la reducción de precios necesaria en el 30% respecto a los niveles actuales del mercado, en vísperas de la huelga general del 11 de noviembre.
