La denominada Junta de Paz —un organismo cuya composición exacta, mandato jurídico y capacidad de verificación no han sido detallados públicamente— sería la encargada de supervisar el proceso de desarme de la organización islamista. No se han precisado plazos concretos para cada una de las «fases estructuradas» mencionadas por Trump, ni los mecanismos de control que se aplicarían para certificar el cumplimiento por parte de Hamás.
El plan contempla que la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) del enclave se produzca únicamente una vez completado el desarme. Esa secuencia —desarme primero, retirada después— ha sido durante meses uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones: Israel ha condicionado cualquier repliegue a garantías de seguridad verificables, mientras Hamás ha vinculado su desarme a una retirada previa o simultánea y a contrapartidas políticas.
Ni el Gobierno de Israel ni Hamás han confirmado de forma oficial los términos exactos del acuerdo anunciado por Trump. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sostenido de forma reiterada que la seguridad del país exige el desmantelamiento total de la capacidad militar de la organización antes de cualquier repliegue definitivo de tropas. Hamás, por su parte, ha rechazado en ocasiones anteriores planes que impliquen un desarme unilateral sin garantías, como el fin del bloqueo o una hoja de ruta hacia un Estado palestino.
El anuncio llega tras una larga sucesión de intentos de alto el fuego quebrados desde el inicio del conflicto. Washington ha impulsado en los últimos meses distintas iniciativas para poner fin a la guerra, sin que hasta ahora ninguna haya derivado en una solución estable y duradera sobre el terreno.
De la propuesta de reubicación al plan de desarme
El conflicto se remonta al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron en torno a 1.200 personas y cerca de 250 fueron secuestradas, según las autoridades israelíes. La respuesta militar de Israel ha provocado, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza —gestionado por Hamás—, decenas de miles de muertos, mientras Naciones Unidas y agencias como la UNRWA han advertido de una crisis humanitaria de gran magnitud, con escasez crítica de alimentos y medicinas.
A lo largo de 2024 y 2025 se sucedieron varias treguas parciales, mediadas principalmente por Catar, Egipto y Estados Unidos, que permitieron intercambios de rehenes por presos palestinos y pausas en los combates, pero que en todos los casos acabaron rompiéndose antes de derivar en un acuerdo definitivo. La Administración Biden primero, y la de Trump tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 después, presentaron distintas versiones de planes de posguerra sin que ninguna llegara a materializarse plenamente.
El propio Trump había presentado en febrero de 2025 una propuesta que generó una notable controversia internacional al plantear el traslado de la población palestina de Gaza y una reconstrucción del territorio bajo control estadounidense, idea rechazada por buena parte de la comunidad internacional, incluidos aliados árabes de Washington, y por las autoridades palestinas. El plan anunciado ahora, centrado en el desarme y en una Junta de Paz, supone una reformulación de aquella estrategia inicial.
Como precedente histórico próximo cabe citar los Acuerdos de Oslo de 1993, que establecieron un marco de autogobierno palestino parcial sin resolver las cuestiones de fondo sobre soberanía, fronteras y seguridad, y cuyo estancamiento a largo plazo ilustra la dificultad de sostener acuerdos en la región sin garantías verificables para todas las partes. También resulta relevante el desarme de otros grupos armados no estatales, como el de las FARC en Colombia tras el acuerdo de 2016, que requirió años de verificación internacional a través de una misión de la ONU.
La comunidad internacional ha reaccionado con cautela ante los sucesivos anuncios sobre Gaza y previsiblemente exigirá detalles adicionales sobre la composición de la Junta de Paz y los mecanismos de verificación antes de valorar la viabilidad del acuerdo. La Unión Europea, que ha insistido en una solución basada en dos Estados, y Naciones Unidas, a través de su secretario general, han reclamado en numerosas ocasiones un alto el fuego permanente y acceso humanitario pleno al enclave.
Egipto y Catar, mediadores habituales en el conflicto, no han emitido de momento valoraciones sobre el anuncio, aunque su papel resultaría clave para cualquier implementación efectiva del desarme, dada su influencia sobre la dirección política de Hamás, en gran parte radicada fuera de Gaza. Arabia Saudí, por su parte, ha vinculado en el pasado cualquier normalización de relaciones con Israel a avances concretos hacia la creación de un Estado palestino.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el desarme de una organización considerada terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel plantea interrogantes sobre su estatus político posterior y sobre quién ejercería la gobernanza civil de Gaza una vez completado el proceso, una cuestión que el anuncio de Trump no ha abordado de forma explícita. La geografía añade dificultad: Gaza, una franja de apenas 365 kilómetros cuadrados con más de dos millones de habitantes antes de la guerra, depende por completo de pasos fronterizos como Rafah, Kerem Shalom y Erez para la entrada de ayuda humanitaria y, eventualmente, de fuerzas de verificación internacional.
El foco se traslada ahora a si Israel y Hamás confirman formalmente los términos avanzados por Trump y a si se fija un calendario verificable para las «fases estructuradas» del desarme. La credibilidad del acuerdo dependerá en gran medida de la implicación de los mediadores regionales y de organismos internacionales capaces de supervisar sobre el terreno un proceso que, hasta la fecha, ningún plan anterior ha logrado completar.
