De ese universo de 37 denuncias, el equipo evaluador determinó que en 24 casos la actuación de la institución podía ser examinada, explicó Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia de la Arquidiócesis de Panamá. En nueve de esos expedientes hubo al menos una víctima menor de edad y en 11, personas adultas en situación de vulnerabilidad. La evaluación, solicitada por la propia Arquidiócesis, la realizó un equipo académico internacional e interdisciplinario de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y de la Universidad Villanueva, en España, con análisis en los ámbitos jurídico-canónico, clínico, psicológico, teológico-pastoral, comunicacional y sociocultural.
Uno de los hallazgos centrales es que la Arquidiócesis no siempre pudo reconstruir documentalmente qué ocurrió con las denuncias recibidas. El equipo evaluador identificó como problema no solo la manera en que se escuchaba a las víctimas, sino también lo que describió como una cultura administrativa que no dejaba registro. En los primeros años analizados, algunas denuncias se manejaban de forma privada entre el arzobispo y el sacerdote señalado, con un alto nivel de informalidad, y en determinados casos se iniciaban actuaciones sin que quedara documentado formalmente el comienzo del procedimiento.
"Una cultura administrativa que no dejaba registro", según describió el equipo evaluador al referirse al manejo histórico de las denuncias por parte de la Arquidiócesis de Panamá.
A partir de 2015 se observa una mayor incorporación de procedimientos y documentación, aunque la evaluación señala que la trazabilidad sigue siendo incompleta. De los 24 casos, solo siete cuentan con documentación que permite acreditar la apertura de una investigación previa canónica. En ninguno de los 24 expedientes existe constancia escrita de que una decisión final haya sido notificada formalmente a las partes involucradas, un vacío que, según el informe, no permite concluir que no hubo decisión o medida aplicada, pero sí impide verificar documentalmente cómo terminó cada caso.
La falta de registros también dificulta establecer qué consecuencias se impusieron a los denunciados y cómo fueron supervisadas, así como determinar si las situaciones fueron comunicadas a las autoridades civiles. El informe atribuye parte de esa indeterminación a que las obligaciones de denuncia cambiaron de manera importante durante los 25 años analizados, por lo que en algunos casos no es posible afirmar ni negar si existió colaboración con las autoridades competentes.
El vacío en la reparación a las víctimas
En ninguno de los 24 casos existe constancia de que se haya evaluado el daño sufrido por la víctima y que, a partir de esa valoración, se haya adoptado una medida reparativa. El informe sí identifica una experiencia de acompañamiento completo en 2015, realizada por una congregación religiosa, que los evaluadores citan como prueba de que ese tipo de atención era posible dentro de las normas vigentes en ese momento. Durante buena parte del periodo estudiado, el sistema estuvo centrado principalmente en el procedimiento y en el acusado, mientras la atención a la víctima llegó después; el derecho canónico, además, no reconoce a la víctima como parte del procedimiento en los mismos términos que al acusado.
La abolición del secreto pontificio en 2019 abrió la posibilidad de entregar más información a las víctimas, aunque los evaluadores consideran que esa medida no resuelve por sí sola las limitaciones de participación y documentación. Estas denuncias se enmarcan en una crisis global de la Iglesia católica por abusos del clero que se ha reflejado también en el cine panameño reciente, como la película "Señales", que aborda el ciclo de la violencia doméstica.
Una encuesta interna aplicada como parte del proceso, en la que participaron 383 personas, encontró que 45 dijeron conocer o sospechar de situaciones de abuso y solo 21 señalaron haberlas comunicado. Entre los obstáculos identificados figuran la falta de claridad sobre cómo denunciar, el temor a represalias, la percepción de que hacerlo no serviría de nada y la presión para proteger a la institución.
Desde 2024, la Arquidiócesis cuenta con la Pastoral del Cuidado y Prevención y la Oficina de Escucha, cuyo funcionamiento el informe considera aún prematuro para evaluar. El equipo formuló 24 recomendaciones agrupadas en cuatro áreas —trazabilidad de casos, derechos de las víctimas, prevención y formación, y gobernanza y rendición de cuentas— y fijó como prioridad para los próximos 12 meses establecer un sistema único de registro, completar los expedientes y garantizar que las víctimas conozcan el estado y resultado de sus casos.