El reparto de activos no fue aleatorio. Las viviendas incorporadas al catálogo público son, en su mayoría, pisos okupados o en peor estado de conservación, mientras que los inmuebles de última generación —con más de 80 y 90 metros cuadrados, piscinas, jardines o parques infantiles— han quedado fuera del circuito público pese a cumplir los requisitos que la propia Administración fijó: ausencia de patologías estructurales, adecuación a la legislación urbanística y condiciones de habitabilidad adecuadas.
A través de Árqura Homes, su promotora inmobiliaria, Sareb sigue comercializando más de 50 promociones con entregas escalonadas hasta 2028, procedentes del stock que distribuye por toda España vía Aelca, con precios que oscilan entre el medio millón y el millón de euros. El Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, ha vendido además en el mercado libre miles de viviendas ya terminadas sin que ninguna pasara por el filtro de Casa 47.
El Ejecutivo habría pagado primas a los fondos Blackstone e Hipoges para acelerar la desocupación de alrededor de 3.300 viviendas de Sareb que el Ministerio de Vivienda pretendía sumar a su entidad de alquiler asequible. Esas primas estaban ligadas a la «reforma o adecuación de las viviendas», una tarea que incluía el desalojo de inquilinos sin título legal en pisos ya comprometidos para salir al mercado con rentas asequibles.
Los suelos y promociones de obra nueva ya proyectados permanecen, en cambio, en la sociedad de origen para venderse de forma independiente a precio de mercado. Fuentes conocedoras del proceso de traspaso señalan que Árqura Homes ya había cerrado compromisos comerciales y cobrado anticipos de compradores sobre plano cuando, en marzo, la Junta de Sareb decidió bloquear la comercialización de los activos susceptibles de pasar a Sepes, germen de la actual Casa 47.
«Fue una decisión política repentina la que frenó la actividad de la promotora», según fuentes conocedoras del proceso de traspaso de activos.
Esas mismas fuentes sostienen que retirar de golpe los proyectos de obra nueva a Árqura y a sus clientes particulares habría generado inseguridad jurídica en plena comercialización, lo que explicaría que Sareb acabara comprometiéndose a movilizar solo los activos que ya cumplían los criterios exigidos por el Gobierno, en no pocos casos pisos okupados o deteriorados.
Sareb se constituyó en 2012 como sociedad de gestión de activos para absorber los inmuebles problemáticos de las entidades financieras rescatadas durante la crisis, con 50.700 millones de euros en deuda avalados por el Estado. Fuentes de la Administración justifican la operación por la necesidad de recuperar íntegramente ese importe.
«Los mejores inmuebles, los bonitos, se están vendiendo en el mercado libre y por esas elevadas cifras para recuperar íntegramente los 50.700 millones de euros de deuda avalados en 2012», según fuentes de la Administración pública.
La tensión entre el objetivo social anunciado y la necesidad financiera de Sareb de amortizar su deuda sigue sin resolverse año y medio después del anuncio. El parque de vivienda pública crece a un ritmo muy inferior al prometido mientras la crisis de acceso a la vivienda marca la agenda, en paralelo a medidas como el Bono Cultural Joven de 400 euros, que cierra su plazo de solicitud el 31 de octubre.
