Flávio, senador por Río de Janeiro desde 2019 y antes diputado estatal, ha construido buena parte de su carrera política bajo el paraguas del bolsonarismo, movimiento que desde la salida del poder de su padre en 2023 ha encadenado procesos judiciales de distinto calado en los tribunales brasileños.
La causa que ahora pesa sobre él por presunto blanqueo de capitales se suma a procedimientos previos que ya lo situaban bajo escrutinio desde su etapa como diputado estatal de Río de Janeiro, cuando fue investigado por el llamado «caso de las niñeras», relativo a presuntas irregularidades en el pago de salarios a asesores de su gabinete. Que el expediente recaiga en el STF obedece al fuero especial que corresponde a los parlamentarios brasileños con mandato vigente, análogo en su lógica al aforamiento que en España reserva ciertas causas al Tribunal Supremo.
El hecho de que figure como investigado, y no como procesado ni acusado, marca el estadio procesal de la causa: la fiscalía y el tribunal podrían estar todavía recabando indicios antes de decidir si existen elementos suficientes para formular cargos. En el sistema procesal brasileño, como en el español, esta fase no implica atribución de culpabilidad alguna, sino el ejercicio de las facultades de instrucción sobre una persona señalada por indicios iniciales.
La retención del pasaporte
La retención del pasaporte que denuncia el senador remite a un tipo de medida cautelar habitual en causas de blanqueo de capitales, destinada a prevenir el riesgo de fuga o la salida del país mientras se sustancia la investigación. Este tipo de restricciones, que en el ordenamiento español tendrían su equivalente en la prohibición de salida del territorio nacional, no prejuzgan la culpabilidad del investigado: gestionan un riesgo procesal, no anticipan un fallo.
El propio Flávio ha vinculado la medida con la decisión de no impugnar el resultado de la elección en la que concurría, un paso atrás que contrasta con la estrategia del bolsonarismo en los últimos años, marcada por la litigiosidad frente a decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del propio STF. La renuncia a pedir la anulación electoral se produce mientras la familia Bolsonaro afronta ya varios frentes judiciales abiertos.
Jair Bolsonaro, padre del senador, fue declarado inelegible por el Tribunal Superior Electoral en 2023 por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación durante la campaña de 2022, y posteriormente ha enfrentado procesos penales de mayor calado, incluida la investigación por el presunto intento de golpe de Estado tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Ese historial se repite ahora con su hijo en una causa de naturaleza distinta, centrada en el flujo de capitales.
El uso del fuero especial ante el Supremo Tribunal Federal no es una singularidad brasileña: en España, figuras aforadas como diputados, senadores o miembros del Gobierno ven sus causas penales instruidas y enjuiciadas directamente por el Tribunal Supremo, un mecanismo pensado para preservar la separación de poderes que en la práctica concentra en un único órgano causas de enorme sensibilidad política, con los consiguientes debates sobre los plazos de instrucción y la presión mediática asociada.
Tensión con las instituciones desde 2019
El caso se inscribe en un clima de tensión prolongada entre el bolsonarismo y las instituciones judiciales brasileñas, que se remonta al menos a 2019, cuando el propio Jair Bolsonaro cuestionó públicamente la legitimidad del Supremo Tribunal Federal en varias ocasiones durante su mandato. Esa confrontación se agudizó tras la derrota electoral de 2022 y el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, episodio que derivó en decenas de procesos penales contra implicados y simpatizantes del movimiento.
La denuncia de Flávio Bolsonaro sobre la retención de su pasaporte se suma a la narrativa que el bolsonarismo ha sostenido de forma recurrente ante la opinión pública: la de una persecución judicial selectiva contra sus dirigentes. Los tribunales brasileños han defendido que las medidas cautelares responden a criterios procesales objetivos vinculados al riesgo de fuga o de obstrucción a la investigación, no a la orientación política de los investigados.
La comparación con episodios de litigiosidad patrimonial en España, como la caída de valor de la patrimonial Marmassen, vinculada a Francisco González, ilustra cómo las investigaciones por delitos económicos someten a escrutinio judicial a figuras de proyección pública en ambos lados del Atlántico, aunque los marcos procesales y los estadios de cada causa sean distintos.
La renuncia del senador a impugnar el resultado electoral queda, por ahora, como el hecho más reciente confirmado de este episodio: Flávio Bolsonaro ha optado por no judicializar los comicios en los que concurría, mientras la causa por presunto blanqueo de capitales sigue su curso ante el Supremo Tribunal Federal sin que conste una resolución sobre su situación procesal.
