Liliana Quintero lleva ciento cuarenta y dos días en el campamento, según su propio recuento, bajo lluvia y sol, a la espera de que su hermano José Miguel Quintero salga de El Rodeo I, un centro penitenciario del estado Miranda próximo a la capital. Sitúa su detención en 2021 y asegura haber presentado solicitudes ante organismos internacionales y ante Foro Penal, la organización venezolana de defensa de los derechos humanos. «Tengo papeles», repite, en referencia a la documentación que ha acumulado durante los últimos años en busca de una respuesta oficial.
Quintero recuerda una boleta de excarcelación de noviembre de 2021 que, según relata, nunca se tradujo en la salida de su hermano. En 2023 le abrieron un nuevo expediente con señalamientos de terrorismo y financiamiento a la guerrilla. Dice que solicitó una amnistía y que se la negaron. Ha recurrido también a Naciones Unidas sin obtener, hasta ahora, una resolución favorable.
Machado anunció su regreso a Venezuela el domingo y apareció en una iglesia de Santa Rosa, en el estado Lara, tras casi diez meses fuera del país. La víspera, una multitud había salido a recibirla en la autopista, y el lunes su regreso seguía siendo tema de conversación en las paradas de autobús y las cafeterías de Caracas. El entusiasmo convivía, sin embargo, con la cautela de quienes ya habían esperado antes un cambio que no llegó.
En el campamento de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, instalado desde el 7 de junio en las inmediaciones de la sede diplomática estadounidense, la orden entre las familias es no levantar las carpas hasta obtener resultados concretos. Reclaman audiencias, atención médica para los detenidos y el cumplimiento de órdenes de excarcelación ya dictadas por tribunales venezolanos pero no ejecutadas, según denuncian.
Carolina Zapata pide por su tío, Juan de Jesús Castillo, detenido desde diciembre de 2021 y acusado de terrorismo y asociación para delinquir, algo que ella rechaza. Lo describe como un campesino próximo a la tercera edad sin vínculos con ningún grupo guerrillero. «Hemos recurrido a todas las instancias, hemos agotado los recursos», afirma frente a la embajada, donde su petición se resume en una frase.
«Estamos aquí frente a la embajada para ser escuchados», dice Carolina Zapata, sobrina de Juan de Jesús Castillo, preso desde diciembre de 2021.
Boletas de excarcelación sin cumplir
Fanny Lozada sostiene que su hija contaba con una boleta de salida, una orden judicial de excarcelación, y que pese a ello sigue presa. «No sé el motivo o la razón por el cual no me la soltaron», dice. Habla también de otras boletas que, según le han informado, carecerían de firma. «Son tantas cosas juntas, tantas informaciones que no nos las dan como tienen que ser», resume sobre la falta de explicaciones.
Lozada atribuye al regreso de Machado una esperanza nueva, aunque la información sobre el caso de su hija permanece confusa. «Yo quisiera que la señora María Corina me diera la oportunidad de hablar con ella», dice, una petición que resume el tipo de intervención directa que muchas familias del campamento esperan de la dirigente opositora tras su reaparición pública.
Gabriela Álvarez, familiar del camarógrafo Gabriel Guerra, detenido desde 2022 y vinculado a un proyecto periodístico sobre narcotráfico junto al periodista Ramón Centeno, asegura que familiares lograron hacer llegar a gritos la noticia del regreso de Machado hasta el centro penitenciario El Rodeo, y que los detenidos se habrían emocionado al saberlo, según la información que ella misma recibió de otros allegados. Las liberaciones prometidas desde enero le parecen ahora, dice, «mucho más cerca».
En el campamento permanece también Leonardo Chirinos, excarcelado a finales de septiembre. Su hermano Leandro, condenado a 24 años de prisión, sigue detenido en el Fuerte Guaicaipuro, un recinto militar del estado Miranda. «Tengo casi un mes de que salí en libertad», afirma Chirinos, que se ha instalado cerca de la embajada para reclamar por su hermano y por el resto de los presos políticos.
Chirinos atribuye su propia excarcelación al trabajo de las familias de la Alianza y reconoce también el peso de las conversaciones entre el Gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez y la oposición vinculada al Parlamento elegido en 2015, respaldadas por Estados Unidos. Rodríguez gobierna Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, y Washington mantiene interlocución directa con su administración, motivo por el cual los familiares acampan frente a la embajada: esperan que esa influencia se traduzca en excarcelaciones efectivas.
De Machado, Chirinos espera que converse con Estados Unidos y contribuya a una transición pacífica hacia elecciones, aunque precisa que no se trata de negociar sino de «entablar una conversación». Sus expectativas, admite, son «muy altas», y no las limita a los familiares de los presos: cree que la dirigente debe intervenir también por los trabajadores, la educación y otros sectores del país. Pide intervención «no solamente políticamente, sino en el tema judicial».
Arreaza admite una «aplicación errática»
El diputado chavista Jorge Arreaza, miembro de la comisión de diálogo, reconoció a finales de septiembre una «aplicación errática» de la Ley contra el Odio, aprobada en 2017, y habló de «abusos de muchos cuerpos de seguridad». Calificó de «inconcebible» la revisión policial de teléfonos para buscar mensajes de odio. La norma, impulsada por el chavismo durante las protestas de 2017, prevé penas de hasta veinte años de cárcel por mensajes considerados de incitación al odio y ha sido criticada por organismos internacionales de derechos humanos.
Foro Penal mantenía en su balance al 5 de octubre un total de 322 presos políticos en Venezuela, de los cuales 170 seguían sin condena. Es una cifra que las familias del campamento conocen de memoria mientras aguardan, frente a la embajada estadounidense, que el regreso de Machado mueva por fin las boletas que ya tienen en la mano. «Estamos recobrando las fuerzas», insiste Zapata.
