El avance de doce puntos en un solo año sitúa el acceso a la vivienda por delante de preocupaciones tradicionales como el paro o la sanidad en la percepción recogida por GAD3 para el CGATE. El material disponible del barómetro no detalla el tamaño muestral ni el margen de error, pero confirma una tendencia sostenida de deterioro en cómo valoran los ciudadanos su capacidad de acceder a una vivienda.
En ese clima se han vuelto a difundir las declaraciones que Aznar hizo en una entrevista de 2025, en las que atribuyó la crisis a la escasez de oferta y rechazó cualquier intervención sobre los precios. Para el ex presidente, la vía es la liberalización normativa, un planteamiento que choca frontalmente con los decretos de vivienda que el Gobierno aprobó el pasado 7 de octubre.
«Es esencialmente una cuestión de oferta. Si no se construye, no se puede ni abaratar ni encarecer ni nada. Es que no hay oferta. España no tiene un problema de espacio, lo que tiene es un problema de liberalización de políticas», José María Aznar, ex presidente del Gobierno.
Aznar llevó su argumento al terreno jurídico y situó el derecho de propiedad como condición previa de cualquier política de vivienda. Sostuvo que las normas que, a su juicio, facilitan la ocupación de inmuebles ahuyentan a los propietarios, y defendió que garantizar la vivienda como derecho exige asegurar primero las condiciones para ejercerlo.
«Poner un tope a los alquileres no funciona. ¿Por qué? Porque la gente deja de alquilar. Usted no puede tener legislaciones que facilitan okupar o asaltar una propiedad», José María Aznar, ex presidente del Gobierno.
El debate sobre el control de precios no es nuevo: la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda introdujo la figura de las zonas de mercado tensionado con límites a la actualización de rentas, un mecanismo que comunidades como Cataluña aplicaron y que otras rechazaron, lo que mantiene abierta la pugna sobre su eficacia desde su aprobación.
Fotocasa cifra en 5,9% la caída de oferta
La discusión se ha reavivado tras los decretos del 7 de octubre, que el sector inmobiliario señala como causa de una posible retirada de pisos por inseguridad jurídica. María Matos, directora de estudios de Fotocasa, advierte de que la oferta de alquiler de larga duración ha caído un 5,9%, un retroceso que considera relevante porque las oscilaciones habituales del mercado no suelen superar el 1,5%.
«Cuando se legisla sin contar con una de las partes esenciales del mercado, los propietarios, y se introducen restricciones y obligaciones que reducen su capacidad de decisión, se corre el riesgo de provocar el efecto contrario al que se busca», María Matos, directora de estudios de Fotocasa.
Matos añade que el 24% de los propietarios encuestados por Fotocasa tiene previsto retirar su vivienda del alquiler y ponerla a la venta cuando finalice el contrato vigente, un movimiento que agravaría la escasez de oferta que tanto el barómetro del CGATE como Aznar sitúan en el origen del problema. La tensión se traduce ya en la velocidad de cierre de los contratos: según Idealista, San Sebastián encabeza los «alquileres exprés», con un 40% de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas, seguida de Barcelona (39%) y Gerona (33%).
El fenómeno recorre perfiles muy distintos, desde jóvenes que no logran emanciparse hasta mayores que recurren a fórmulas excepcionales para mantener su contrato, como el caso de una jubilada de 83 años que puso a sus tres hijos de avalistas para seguir en su alquiler.