El Congreso de los Diputados aprobó el 1 de junio de 2018 una moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno e instaló en La Moncloa a Pedro Sánchez, líder del PSOE. Siete años después de aquel voto histórico —el primero en prosperar en la democracia española desde la restauración constitucional de 1978—, Sánchez cumple ocho años en el poder en un momento en que su ejecutivo encadena sucesivos escándalos de corrupción que condicionan la agenda política y someten a presión la continuidad de la legislatura.
El mecanismo que llevó a Sánchez al poder
La moción de censura es el instrumento que la Constitución española de 1978 recoge en su artículo 113 para que el Congreso retire la confianza al presidente del Gobierno. A diferencia del modelo alemán en el que se inspira —la llamada moción constructiva—, el texto constitucional español exige que la moción incluya un candidato alternativo, de modo que el mismo acto parlamentario que cesa a un presidente inviste al siguiente. En 1980, Leopoldo Calvo-Sotelo rechazó una moción impulsada por Felipe González; en 1987, González resistió otra presentada por Antonio Hernández Mancha. Sánchez fue el primer aspirante en superar ese umbral, con el respaldo de una mayoría heterogénea de grupos parlamentarios.
Ocho años de mandato discontinuo
El periodo transcurrido desde junio de 2018 no ha sido homogéneo. Sánchez gobernó en primera instancia con una mayoría parlamentaria mínima que le forzó a convocar elecciones anticipadas. Tras sucesivos comicios generales, articuló una coalición de gobierno con Sumar —heredera del espacio de Unidas Podemos—, la primera coalición formal en la historia reciente del Ejecutivo central español. La aritmética parlamentaria ha exigido en cada legislatura la negociación continuada con partidos de ámbito autonómico y nacional, lo que ha convertido la investidura y la aprobación de los presupuestos en procesos de alta complejidad política.
La acumulación de escándalos como vector de desgaste
El octavo aniversario llega en un contexto de acumulación de casos que afectan al entorno directo del presidente y a instituciones vinculadas al Ejecutivo. La corrupción como fenómeno político no es exclusiva de ninguna formación: los principales partidos españoles han protagonizado casos relevantes desde la Transición, y los tribunales han dictado condenas que afectan tanto al PP —caso Gürtel, entre otros— como al PSOE en distintos territorios y etapas. Lo específico del momento actual es que los procedimientos abiertos alcanzan, según la información disponible, al círculo más próximo al titular del Ejecutivo, generando una presión sostenida sobre la credibilidad institucional del Gobierno.
Por qué importa ahora
La acumulación de frentes judiciales y políticos en torno a un presidente en ejercicio tiene consecuencias directas sobre la gobernabilidad: dificulta la aprobación de iniciativas legislativas, condiciona la agenda de los socios de coalición y de los apoyos parlamentarios externos, y centra el debate público en la accountability del Ejecutivo más que en las políticas. En sistemas parlamentarios como el español, donde el presidente necesita el respaldo continuo de la Cámara, el desgaste reputacional puede traducirse en una pérdida de apoyos que anticipe o fuerce un cambio de ciclo político, bien por convocatoria de elecciones, bien por una eventual nueva moción de censura.
Contexto institucional: blindajes y contrapesos
El ordenamiento constitucional español establece mecanismos de control del Ejecutivo que van desde las comisiones de investigación parlamentarias hasta la fiscalización del Tribunal de Cuentas, pasando por la acción de los juzgados de instrucción y el Ministerio Fiscal. La independencia judicial y la separación de poderes son principios recogidos en el Título VI de la Constitución. La tensión entre Gobierno y poder judicial ha sido recurrente en la política española contemporánea, y su intensidad varía en función del partido en el poder y de la naturaleza de los procedimientos abiertos.
Las posiciones de las partes
El Gobierno ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en los casos que le afectan y ha enmarcado las investigaciones judiciales como instrumentos de la oposición o como procedimientos que deben resolverse en los tribunales sin interferencia política. La oposición, encabezada por el Partido Popular, ha reclamado en repetidas ocasiones la dimisión de Sánchez o la convocatoria de elecciones anticipadas, argumentando que la acumulación de causas hace insostenible la continuidad del Ejecutivo. Los socios parlamentarios del Gobierno han mantenido posiciones heterogéneas, condicionadas por sus propios calendarios electorales y por el coste político de sostener o retirar el apoyo al presidente.
La incógnita de la legislatura
El horizonte inmediato de la política española está marcado por la pregunta de si el Ejecutivo logrará agotar la legislatura o si la presión acumulada —judicial, mediática y parlamentaria— forzará un adelanto electoral. La historia reciente muestra que los presidentes españoles han recurrido a la disolución anticipada de las Cortes como herramienta táctica en momentos de debilidad o de ventana de oportunidad. Ocho años después de la moción de censura que lo situó en La Moncloa, Sánchez afronta su etapa más difícil en términos de imagen institucional, con el calendario político como principal incógnita.