La juez legalizó la aprehensión de las cuatro mujeres y admitió la imputación presentada por el fiscal Gemaro Leone. Concluida la audiencia, los abogados defensores solicitaron a la fiscalía iniciar un proceso de solución alterna del conflicto, propuesta que las víctimas aceptaron, por lo que la juzgadora decretó la suspensión del proceso durante 30 días mientras avanza la mediación.
Según explicó Quintero, si en ese plazo las partes no alcanzan un acuerdo, el proceso judicial continuará contra las cuatro imputadas hasta la fase de juicio. El caso se mantiene en una etapa procesal previa a cualquier determinación de responsabilidad penal.
El esquema de la casa modelo
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Michelle García, Ashley Bethancourt y Joselin Donovan habrían montado un sistema para captar a potenciales compradores del proyecto habitacional. Bethancourt, quien laboró en la inmobiliaria, llevaba a las víctimas hasta la casa modelo y, una vez que manifestaban interés, les solicitaba dinero en efectivo para separar la vivienda.
Las pesquisas señalan que, después, se pedía a las víctimas dinero adicional para supuestos trámites relacionados con la compra, sin que las casas fueran entregadas en ningún caso. Las diligencias determinaron que parte de los fondos habría sido transferido a cuentas bancarias de García y Donovan, a quienes la fiscalía señala como cómplices en la comisión del delito.
La fiscalía indicó que las cuatro imputadas mantienen otras 16 investigaciones abiertas por el mismo delito, y que existen otras personas bajo pesquisa que no comparecieron en esta primera audiencia. En la tarde de este jueves, las imputadas debían enfrentar dos audiencias adicionales derivadas de denuncias de otras personas afectadas. Un tribunal de San Miguelito tiene previsto además celebrar dos audiencias contra las mismas imputadas por causas que se siguen en esa jurisdicción por el delito de estafa.
4,547 denuncias hasta agosto de 2026
La estafa figura entre los delitos de mayor incidencia en el país. Hasta agosto de este año, el Ministerio Público había recibido 4,547 denuncias por este delito en todo el territorio nacional, un aumento de 560 casos frente a las 3,987 registradas en el mismo período de 2025.
El caso de Villa Grecia se suma a una serie de investigaciones recientes sobre presunto fraude que ocupan a las fiscalías del país, en momentos en que las fiscalías anticorrupción de Panamá acumulan unos 6,500 casos abiertos. Otro expediente en curso involucra la detención provisional de un quinto implicado en un presunto fraude a la DGI. De no prosperar la mediación en el plazo fijado, el proceso contra las cuatro imputadas seguirá su curso hasta juicio.