La detención provisional es la medida cautelar más severa que contempla el Código Procesal Penal panameño y solo procede cuando el juez de garantías estima acreditado el riesgo de fuga o de obstrucción de la investigación. No equivale a una condena: el nuevo detenido, como el resto de los señalados en el expediente, conserva la presunción de inocencia mientras el proceso no llegue a una fase de acusación formal y, eventualmente, a sentencia.
Panamá rige desde 2011 un sistema penal acusatorio que exige que toda persona investigada pase por una audiencia de imputación de cargos antes de ser considerada formalmente acusada. El material disponible no consigna que los cinco señalados hayan alcanzado esa etapa, por lo que el expediente permanecería en fase de investigación, bajo la reserva que el Ministerio Público suele mantener hasta la imputación.
El presunto esquema habría afectado la recaudación que administra la DGI, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y responsable de la fiscalización tributaria en el país. Los fraudes contra el fisco panameño suelen tramitarse bajo figuras como el blanqueo de capitales, la falsedad de documentos o el delito contra la economía nacional, según la tipificación que el Ministerio Público asigne a la conducta de cada implicado.
La ampliación a un quinto detenido apunta a un alcance creciente de las pesquisas, aunque el material no precisa si hay más personas investigadas ni el monto que la DGI habría dejado de percibir. Tampoco consta el número de expediente ni el tribunal que resolvió la medida, datos que habitualmente se conocen conforme avanza el proceso.
La fiscalización de fondos públicos ha sido un frente recurrente en Panamá. La Contraloría General, mediante el refrendo que exige a todo contrato estatal, ha frenado operaciones cuestionadas: el contralor devolvió sin ese aval el contrato de $268.5 millones de Meduca. Se trata de un mecanismo distinto —preventivo y administrativo, frente al penal que ahora investiga a los señalados en el caso DGI—, pero ambos episodios remiten al manejo de recursos del Estado.
Antecedentes de defraudación fiscal
La historia reciente del país registra otros casos de defraudación fiscal de alto perfil. El más notorio es el llamado caso Financial Pacific y, sobre todo, las investigaciones derivadas de los Panama Papers a partir de 2016, que expusieron estructuras de evasión y blanqueo y llevaron a la imputación de figuras vinculadas al bufete Mossack Fonseca. En esos expedientes, como en el que ahora se tramita, el Ministerio Público recurrió a medidas cautelares antes de que los tribunales emitieran fallos definitivos.
El material disponible no permite establecer si los cinco implicados enfrentan la misma medida cautelar, si actuaron de manera coordinada o si existen vínculos con funcionarios de la DGI. Tampoco se conoce la fecha en que se originó la investigación ni si el Ministerio Público ha solicitado medidas adicionales, como el congelamiento de cuentas o la incautación de bienes, recursos habituales en este tipo de causas.
La reserva sobre buena parte del expediente es común en las primeras fases de una investigación penal panameña. Será en la audiencia de imputación, de producirse, cuando se conozcan con mayor precisión los cargos concretos contra cada uno de los señalados y el estado real de las pesquisas sobre el presunto fraude a la DGI.
Hasta el momento, la única actuación conocida es la detención provisional del quinto implicado difundida el sábado 19 de septiembre, que eleva a cinco el número de personas con medida cautelar en el marco de la investigación del Ministerio Público.