El comunicado, identificado como nota de prensa 033-26 y difundido a través de la cuenta oficial de la cancillería peruana el 9 de agosto de 2026, detalló que los cuatro repatriados más recientes habían huido de lo que el propio Gobierno calificó como reclutamiento forzado para prestar servicio en el frente contra Ucrania. Según la información oficial, la sección consular de la embajada peruana en Rusia gestionó la asistencia y el traslado de dos de esos jóvenes, mientras que otros dos fueron atendidos a finales de julio por la misma dependencia diplomática. "Todos ellos arribaron al Perú y se encuentran con sus familias", señaló el texto.
La cifra total de evacuados desde territorio ruso asciende, de acuerdo con el propio comunicado, a 31 connacionales, de los cuales 28 ya retornaron al país y tres permanecen en Europa "por decisión propia". La cancillería indicó que en el proceso de repatriación y atención a los afectados participaron también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Salud.
El texto exhortó a la ciudadanía peruana a no dejarse "engañar por falsas ofertas laborales, pues podrían caer en redes delictivas de trata", y recordó que la legislación peruana exige una autorización expresa del Gobierno nacional para que cualquier ciudadano preste servicio militar a un Estado extranjero. La cartera instó, además, a denunciar a los reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, y ofreció como vía de contacto las secciones consulares en Moscú y en Varsovia, esta última encargada de los asuntos relativos a Ucrania.
Reclamos de las familias ante la embajada rusa
El caso ha tensado la relación entre las familias de los reclutados y el aparato diplomático peruano. El pasado martes, un grupo de familiares se congregó frente a la embajada rusa en Lima para exigir información sobre el paradero de sus parientes, en particular de quienes resultaron heridos en combate, y reclamar gestiones más contundentes por parte del Estado. Los manifestantes sostuvieron que, aunque en abril presentaron denuncias formales por presunta trata de personas, los reclutadores señalados de haber "estafado y engañado" a sus allegados siguen libres y sus expedientes "están durmiendo en la Fiscalía".
Una de las representantes de las víctimas, identificada como Norma y cuyo hijo figura entre los desaparecidos, afirmó disponer de información según la cual al menos 150 peruanos reclutados habrían muerto en el frente, una cifra muy superior a la reconocida oficialmente por la cancillería. La propia portavoz aclaró que ese dato no ha sido confirmado por las autoridades peruanas.
Las protestas y plantones frente a sedes diplomáticas rusas en Lima se han repetido de forma intermitente desde los primeros meses de este año, conforme crecía la preocupación de las familias por la falta de respuestas oficiales. El Gobierno peruano remitió notas diplomáticas a Moscú solicitando información sobre el paradero de sus connacionales, gestiones que, según reconoció la cancillería, no recibieron respuesta.
Ante ese vacío de información, el Ejecutivo peruano anunció que solicitó el respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para las labores de búsqueda e identificación de los ciudadanos alistados en las filas rusas. El CICR es el organismo neutral que, conforme a los Convenios de Ginebra, se encarga del rastreo de personas desaparecidas, prisioneros de guerra y combatientes en conflictos armados internacionales, y actúa como intermediario humanitario entre las partes enfrentadas.
Un patrón que se repite en América Latina
El reclutamiento de ciudadanos latinoamericanos por el Ejército ruso ha sido documentado de forma creciente desde la intensificación de la ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022. Diversas cancillerías de la región han reportado episodios de captación mediante ofertas laborales fraudulentas dirigidas a jóvenes en situación económica vulnerable, quienes terminan firmando contratos que los vinculan a unidades militares rusas. La diferencia con otras crisis consulares latinoamericanas radica en que los afectados no emigraron buscando empleo civil, sino que fueron inducidos a combatir en un frente de guerra activo bajo promesas laborales que resultaron falsas.
La normativa peruana contempla sanciones para quienes recluten a nacionales con destino a un ejército extranjero sin la autorización del Estado. En los casos en que medie engaño o coacción, la conducta puede encuadrarse en el delito de trata de personas previsto en el Código Penal peruano, figura sobre la que, según los familiares, se sustentan las denuncias presentadas ante el Ministerio Público desde abril. El Gobierno peruano no ha detallado el estado de esas investigaciones ni ha identificado a los presuntos reclutadores.
De cara a los próximos meses, la cancillería deberá sostener el canal abierto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para avanzar en la identificación de los 114 desaparecidos, mientras las familias mantienen la presión sobre el Ministerio Público para que las denuncias por trata avancen en sede judicial. El Gobierno peruano no ha precisado plazos concretos para obtener respuesta de las autoridades rusas sobre el paradero de sus connacionales, ni ha trascendido reacción oficial de Moscú a las gestiones diplomáticas.