La propuesta partió de diez vocales —José Antonio Montero, José Luis Costa, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez Mediavilla, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal—, que plantearon un texto centrado en manifestar la inquietud del Consejo «ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno».
Frente a esa iniciativa se situaron nueve vocales —Ángel Arozamena, Ricardo Bodas, Bernardo Fernández, Luis Martín Contreras, José María Fernández Seijo, Esther Erice, Argelia Queralt, Inés Herrero y Lucía Avilés—, que se opusieron tanto a debatir el contenido como a someterlo a votación, impidiendo que el pleno se pronunciara sobre el fondo. Los diez promotores remarcaron que el texto vetado «no busca nada más que transmitir el apoyo a la magistrada y al resto de la Carrera Judicial», y expresaron su extrañeza por el bloqueo.
«No alcanzamos a entender las razones de la oposición, así como la renuncia a una de las funciones esenciales del CGPJ, la defensa de la independencia judicial», sostienen los diez vocales firmantes del comunicado rechazado.
El borrador que no llegó a aprobarse incluía una declaración de principios sobre el estatuto de los jueces en ejercicio. El texto defendía que «ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación» y que la independencia judicial «no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos».
Con ese comunicado se pretendía enviar una señal al conjunto de la Carrera Judicial, asegurando que el Consejo «ejercerá con firmeza las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye» frente a cualquier intento de perturbar la independencia de jueces y magistrados, de forma que estos puedan actuar «con libertad, serenidad y exclusivo sometimiento a la ley».
La defensa de la independencia judicial figura entre las funciones que el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuyen al CGPJ como órgano de gobierno de los jueces. La aprobación de un comunicado institucional requiere el respaldo del pleno, de modo que la negativa de nueve de los veinte vocales a debatirlo bloqueó cualquier pronunciamiento oficial.
Biedma instruye la causa relacionada con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en un procedimiento que ha generado tensión en distintos órganos judiciales. El episodio se suma a otros frentes abiertos que afectan al entorno del PSOE, como la causa que el Supremo estudia enviar a Ubrique contra un alcalde socialista por su mujer, jueza de paz, o la instrucción en la que Pedraz descarta imputar al PSOE como persona jurídica en el caso de las cloacas.
El desacuerdo reproduce la división entre los dos bloques que componen el actual CGPJ, renovado en 2024 tras más de cinco años de bloqueo en su designación por los grupos parlamentarios. Tras el pleno de este miércoles, el órgano de gobierno de los jueces no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre la situación de Biedma.
