La marcha lisboeta desembocó, como en días anteriores, en la plaza de Rossio, convertida en epicentro de las acampadas y de la protesta. Allí estaba prevista una nueva asamblea popular, la fórmula que ha adoptado el movimiento en la última semana para decidir sus próximos pasos, al margen de partidos y sindicatos tradicionales.
Entre los asistentes figuraba Natalia, quien acudió por primera vez a una manifestación junto a su hija Margarita para respaldar a los jóvenes "que no tienen casa ni los medios para poder pagar la matrícula" universitaria, explicó a la agencia EFE. Margarita, que logró comprar una vivienda hace años, contó que el encarecimiento del costo de vida la obligó a sumar trabajos y horas extra para seguir pagándola. "Es muy difícil, y no hay soluciones", lamentó.
Las palabras de Benjamim Pereira
El malestar se dirigió especialmente contra el presidente del Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana (IHRU), Benjamim Pereira, luego de que esta semana cuestionara "si la sociedad actual está dispuesta a asumir el mismo nivel de sacrificio" que generaciones anteriores para acceder a una casa. La frase provocó rechazo tanto en el espectro político como en el social, y este sábado se tradujo en pancartas que le interpelaban directamente.
"¿Tener dos trabajos no es sacrificio suficiente para pagar una casa?", cuestionó Natalia, una de las manifestantes presentes en Lisboa.
A las consignas se sumaron mensajes como "Si lo hubiera sabido, hubiera guardado mis casas de la Barbie" o "La vivienda es un derecho, no un lujo". Otra asistente, identificada como Lara, resumió el diagnóstico que circula entre los manifestantes.
"Tenemos una crisis de vivienda muy grave, tenemos los salarios mínimos muy bajos, en Portugal es muy difícil alquilar o comprar una casa mientras cada vez hay más desahucios, más alojamientos turísticos", señaló Lara.
Las acampadas de Lisboa y Oporto han sido desalojadas en varias ocasiones por las autoridades, que alegan que la ocupación no es legal. Pese a ello, los organizadores mantienen abierta la posibilidad de volver a instalar las tiendas de campaña, en un pulso que ya se extiende por más de una semana y que no ha encontrado una salida negociada entre el movimiento y el Gobierno.
La presión en la calle tuvo su correlato esta semana en el Parlamento portugués, donde se celebró un debate de urgencia sobre la crisis de vivienda a petición de la oposición y con la desaprobación del Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro. El Ejecutivo impulsa una modificación de la ley de alquiler orientada a dar mayor seguridad a los propietarios, facilitar que pongan sus viviendas en el mercado y acelerar los desahucios.
Para sacar adelante esa reforma, el Gobierno necesita el respaldo de algún partido de la oposición, con el que por ahora no cuenta. El choque entre el diagnóstico oficialista —que apunta a destrabar la oferta— y el de los manifestantes, que denuncian salarios insuficientes y alquileres disparados, marca el centro del debate político portugués de las últimas semanas.
La crisis de vivienda en Portugal no es un fenómeno nuevo. Desde hace años, Lisboa y Oporto figuran entre las ciudades europeas con mayor presión alcista en precios de alquiler y compra, en un contexto marcado por el turismo y la llegada de rentistas extranjeros atraídos en su momento por regímenes fiscales favorables. El actual ciclo de protestas, sin embargo, ha alcanzado una intensidad y continuidad pocas veces vistas, con acampadas sostenidas y asambleas populares diarias.
El reclamo de una huelga general conjunta con España añade una capa adicional al conflicto. Los sindicatos portugueses todavía no han confirmado si se sumarían a la huelga convocada en España para el 11 de noviembre por la crisis de vivienda, aunque han dejado abierta la puerta a esa "huelga ibérica" que los manifestantes coreaban este sábado en Lisboa.
Esa articulación transfronteriza sitúa el problema habitacional como una de las primeras causas sociales que intenta coordinarse de forma simultánea en España y Portugal en los últimos años, cuando ambos países registran tensiones similares: escasez de oferta, presión del alquiler turístico y salarios que no acompañan el ritmo de los precios inmobiliarios. La dinámica evoca la de otras movilizaciones ciudadanas europeas surgidas al margen de las estructuras partidarias.
El contraste con mercados como el panameño, donde la oferta turística se expande con el crecimiento de la conectividad aérea —Copa Airlines proyecta un alza de 15% de su capacidad en 2026—, ilustra cómo la presión habitacional vinculada al turismo opera con intensidades distintas
La séptima jornada de protestas cerró con la asamblea popular prevista en Rossio, donde los organizadores debían definir si mantienen las acampadas pese a los desalojos ya ejecutados por las autoridades portuguesas.
