El director general de la CSS, Dino Mon, firmó el comunicado difundido el viernes, en el que pidió perdón por las vidas perdidas, por la salud quebrantada y por el sufrimiento que la tragedia llevó a tantos hogares panameños. El primer caso de contaminación se registró hace dos décadas en medicamentos elaborados por el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la entidad.
"Sé que ninguna palabra puede devolver a un padre, a una madre, a un hijo o un hermano. Ninguna disculpa puede recuperar los años de sufrimiento ni devolver completamente la salud a quienes todavía padecen sus consecuencias", expresó Dino Mon, director general de la Caja de Seguro Social.
Mon precisó que, mientras para algunos han transcurrido simplemente dos décadas, para los afectados han sido 20 años de ausencia, de tratamientos, de preguntas y de una lucha incansable por obtener respuestas y justicia. El director advirtió, además, que el gesto no debe entenderse como el cumplimiento de una sentencia judicial, sino como el reconocimiento de una responsabilidad institucional y de una deuda moral con las víctimas y sus familias.
La contaminación se originó en el proceso de compra, elaboración y control de calidad de medicamentos entregados por la CSS a pacientes que buscaban tratamiento, y derivó en que víctimas y familiares demandaran al Estado panameño por la negligencia atribuida a la entidad. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo ha recibido un total de 472 demandas de indemnización, de las cuales hasta ahora ha emitido 63 sentencias condenatorias.
Cada una de esas sentencias ordena el pago de $25,000 en concepto de daño moral derivado de la falta de seguridad en los medicamentos producidos por el laboratorio estatal, según consta en los 36 fallos que condenan al Estado a través de la CSS. La entidad aseguró que cumplirá con las obligaciones que determinen las autoridades judiciales respecto a las personas reconocidas como afectadas.
La CSS anunció que habilitará en su portal institucional un apartado dedicado a los casos del dietilenglicol, con un mapa interactivo por provincia que permitirá a los pacientes y a los herederos demandantes consultar el estado de sus procesos de indemnización. El episodio se cuenta entre los más graves de salud pública registrados en Panamá, con víctimas repartidas por todo el país tras recibir los fármacos adulterados en el sistema público.
La obligación de rendir cuentas por procesos arrastrados durante años se repite en la actividad reciente de la justicia panameña, como en el fallo con el que la Corte Suprema anuló una prórroga en el caso de la desaparición de Rita Wald. En el expediente del dietilenglicol, la Sala Tercera continúa tramitando las demandas restantes de las 472 presentadas por víctimas y familiares, dos décadas después del primer caso.
