El edicto de la Sala Penal consigna que el tribunal de liquidación carecía de la facultad legal para extender el término de investigación en esta causa, lo que deja sin efecto la decisión adoptada el 25 de agosto. Con ese pronunciamiento, los plazos para que el Ministerio Público reúna pruebas y defina el rumbo del caso se acortan de manera inmediata.
El expediente deberá regresar ahora al Juzgado Primero Liquidador, instancia encargada de notificar formalmente al Ministerio Público sobre la decisión de la Corte. La fiscalía había justificado la solicitud de prórroga argumentando que apenas el 24 de julio logró la detención provisional de Emilio Garzola, señalado como la última persona que vio con vida a Wald, tras su deportación desde Nicaragua.
Garzola permaneció en paradero desconocido durante años hasta que, el 7 de julio de 2025, Interpol emitió una alerta roja en su contra. La notificación permitió ubicarlo en Managua el 30 de julio de ese año y coordinar su deportación hacia Panamá, donde el Ministerio Público le formuló cargos y ordenó su detención provisional, medida cautelar que no implica una determinación de culpabilidad. Garzola ya fue indagado por la fiscalía, aunque no ha trascendido el contenido de su declaración.
Rita Irene Wald Jaramillo tenía 17 años cuando desapareció. Era estudiante del Colegio José Antonio Remón Cantera y dirigente del movimiento estudiantil opositor al régimen militar de la época. Según un informe de la Comisión de la Verdad, el día de su desaparición salió de su residencia con la intención de devolver un automóvil que le había prestado Garzola, en ese entonces locutor de la desaparecida emisora Onda Popular.
El caso de Wald figura entre los episodios documentados por la Comisión de la Verdad y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar panameña. En la investigación también se examina la presunta vinculación de Luis Gómez, exdirigente del Partido Revolucionario Democrático, aunque el material no precisa en qué fase procesal se encuentra respecto a él.
Expediente de casi cinco décadas
La lentitud de la justicia panameña en causas de larga data tiene antecedentes recientes. La Corte Suprema declaró a Udelas en desacato por segunda vez en dos meses y resolvió apenas una fracción de las demandas acumuladas por el dietilenglicol dos décadas después, procesos que se prolongan por años en los tribunales del país.
La nulidad de la prórroga no cierra la investigación sobre la desaparición de Wald, pero impone a la Fiscalía de Descarga ajustar sus diligencias a un calendario más estrecho. Con Garzola bajo detención provisional, el expediente regresa al Juzgado Primero Liquidador para la notificación al Ministerio Público, casi cinco décadas después de los hechos.
