El Órgano Ejecutivo declaró el estado de emergencia y habilitó recursos para atender los daños, recuerda el escrito. Para el autor, ese decreto solo cobra sentido si se traduce en una gestión distinta a la ordinaria: usarlo para tramitar como siempre lo reduciría, advierte, a "un papel más". De ahí que vincule la herramienta excepcional a un procedimiento también excepcional de adjudicación.
El texto apoya su argumento en cifras de empleo: el desempleo general bajó a 8.5% en agosto, mientras entre los jóvenes de 20 a 24 años ronda el 22.6%, y la Contraloría General ha advertido que muchos egresados universitarios no consiguen su primer empleo. Entre ese grupo, apunta el autor, hay ingenieros y arquitectos idóneos formados en universidades panameñas que permanecen sin trabajo.
La propuesta contrasta dos modelos de ejecución. El tradicional agruparía cerca de 1,300 viviendas en dos o tres contratos de gran tamaño, con el riesgo de concentración del trabajo, subcontratos en cascada, atrasos y un solo responsable difícil de sustituir. Frente a ese esquema, el autor defiende repartir las obras en paquetes de cinco a diez viviendas, cada profesional respondiendo en su propia región con su nombre y su idoneidad en juego.
De presentarse un atraso, sostiene, el paquete podría reasignarse sin detener el resto de la reconstrucción, de modo que el riesgo se divida entre muchos actores en vez de concentrarse en uno solo. El escrito añade un argumento económico: el gasto quedaría en las ferreterías, cuadrillas de albañiles, transporte y comida de Azuero, Coclé y Veraguas, reactivando la economía local que el sismo también golpeó.
Un decreto con registro y sorteo por región
Para poner en marcha el modelo, el autor sugiere que bastaría un decreto que abra un registro nacional de profesionales idóneos, fije un plazo breve de inscripción y organice un sorteo transparente de paquetes por región, de forma que cada ingeniero o arquitecto reconstruya cerca de donde vive.
El texto subraya que la celeridad no debería implicar renunciar a los controles: plantea un registro público de cada profesional y cada paquete asignado, garantías de cumplimiento proporcionales al valor de las obras, inspecciones técnicas por etapas con verificación de normas sismorresistentes, pagos contra avance comprobado y publicación abierta de cada obra y desembolso, con la Contraloría General acompañando en tiempo real. Quien incumpla, sostiene, debería ser inhabilitado y responder ante la ley.
"Lo que falta es atreverse a romper la rutina del trámite eterno y confiar, con vigilancia, en nuestra propia gente", plantea el autor del texto.
El escrito reconoce como objeción previsible que un profesional sin historial en grandes obras pueda fallar, pero sostiene que por ello los paquetes pequeños y la supervisión escalonada son el núcleo del modelo: una falla en cinco viviendas se corrige, mientras que una en un contrato de gran escala derivaría en una crisis de mayor alcance. El sistema actual, agrega, tampoco garantiza calidad por sí mismo; la garantiza el control, más fácil de diseñar cuando el trabajo está distribuido y a la vista.
El autor cita como antecedente de capacidad de movilización el centro de acopio que se llenó de ayuda en la capital tras el sismo. Con el decreto de emergencia firmado y los recursos habilitados, concluye pidiendo que la reconstrucción en Azuero, Coclé y Veraguas comience de inmediato y que la hagan manos panameñas. La pieza se suma al pulso cultural y de opinión que reflejó la reciente agenda cultural de Panamá.
