El plan, que entrará en vigor en octubre, modifica las condiciones de excarcelación para una parte sustancial de la población reclusa. Hasta ahora muchos presos debían cumplir dos tercios de su condena antes de poder salir; con la reforma podrán hacerlo tras cumplir la mitad, siempre que no hayan incurrido en infracciones disciplinarias graves durante su estancia en prisión. Los reclusos considerados de menor gravedad podrían incluso ser liberados tras cumplir solo un tercio de la pena impuesta.
Según los cálculos difundidos por el Partido Conservador a partir de cifras del Ministerio de Justicia británico, unos 3.000 agresores condenados por delitos de violencia doméstica podrían beneficiarse cada año del adelanto, lo que elevaría el total acumulado a 9.371 excarcelaciones antes de que concluya la legislatura, en 2029. Se trata de una proyección de la oposición y no de una cifra oficial confirmada por el Ejecutivo, un matiz que ha situado el dato en el centro del choque político de las últimas semanas en Westminster.
La medida se inscribe en la Ley de Sentencias de 2026, norma bajo la cual unos 6.000 reclusos tenían previsto acceder a la liberación anticipada desde septiembre. El propio Ministerio de Justicia ha advertido de que las prisiones de Inglaterra y Gales podrían quedarse sin plazas disponibles en noviembre si no se aplican medidas de descongestión, un escenario que el Gobierno describe como una emergencia del sistema penitenciario.
Un giro bajo presión política
Andy Burnham llegó a Downing Street el 20 de julio de 2026 y, durante su segunda semana en el cargo, suspendió de forma temporal el plan de excarcelaciones ante la presión política y social generada por sus primeros términos. La revisión presentada el 4 de agosto constituye la respuesta del Gobierno a esa contestación inicial, aunque no ha apaciguado las críticas: para buena parte de la oposición y de las organizaciones de víctimas, la exclusión de los delitos sexuales más graves resulta insuficiente si se mantiene la puerta abierta a los condenados por violencia doméstica.
La ministra de Justicia, Alex Davies-Jones, aseguró que los reclusos que salgan de prisión bajo este esquema llevarán pulseras electrónicas de seguimiento y estarán sujetos a lo que el Ejecutivo describe como las condiciones de supervisión «más estrictas». El Ministerio de Justicia anunció además un paquete de 10 millones de libras destinado a reforzar el apoyo a las víctimas de estos delitos.
El responsable de Justicia del Partido Conservador en la oposición, Nick Timothy, calificó la decisión de «vergonzosa» y sostuvo que el Gobierno laborista tuvo que ser «arrastrado» a rectificar para excluir a los violadores, pero insistió en que el giro no va lo suficientemente lejos. Timothy reclamó ampliar la lista de delitos excluidos del programa para impedir que otros agresores sexuales y criminales graves puedan beneficiarse de la reducción de condena.
Desde Reform UK, la portavoz de Igualdad, Suella Braverman, acusó al Gobierno de arrojar a miles de víctimas traumatizadas «a los lobos» y advirtió de que muchas mujeres vivirán con el temor de que sus agresores regresen a las calles antes de lo previsto.
La respuesta de las organizaciones de víctimas
La comisionada contra la violencia doméstica, Dame Nicole Jacobs, reclamó al Gobierno transparencia total sobre el número real de liberaciones que se producirán bajo el nuevo esquema. A su juicio, si las cifras terminan acercándose a las proyectadas, el Ejecutivo debe explicar con claridad el alcance del plan y garantizar que existen recursos suficientes para proteger a las víctimas amenazadas por sus agresores.
En la misma línea, Alice Russell-Harris, de la organización de apoyo a víctimas Refuge, advirtió de que la medida puede socavar el compromiso asumido por el propio Gobierno laborista de reducir la violencia contra las mujeres, uno de los objetivos declarados al inicio de la legislatura.
El trasfondo de la crisis es la sobreocupación del sistema penitenciario inglés y galés, un problema que gobiernos de distinto signo han intentado abordar en la última década. El adelanto de las excarcelaciones mediante ajustes en los porcentajes de condena efectivamente cumplidos ya se había empleado de forma más limitada bajo gobiernos anteriores, sin resolver un problema vinculado tanto a la falta de plazas como al aumento de las sentencias impuestas por los tribunales.
El calendario fijado por el Ejecutivo sitúa la entrada en vigor de los nuevos términos en octubre, con las primeras excarcelaciones bajo el esquema revisado esperadas para las semanas siguientes. El Parlamento deberá pronunciarse sobre las mociones de la oposición que exigen ampliar el catálogo de delitos excluidos, en un debate que previsiblemente se prolongará durante el otoño y que pondrá a prueba la mayoría de Burnham en uno de los asuntos de mayor sensibilidad social de su mandato.
