El portavoz de la CEP, Miguel Gutiérrez, calificó de «trato indigno y miserable» las condiciones en las que, según el sindicato, se encontrarían los policías nacionales enviados a Ceuta como refuerzo extraordinario. Según la información trasladada a la organización, las dependencias se hallaban previamente en desuso y habrían sido acondicionadas de forma apresurada para alojar a los agentes, que malviven en grupos de siete u ocho personas en estancias reducidas, algunos directamente sobre el suelo, entre literas, taquillas insuficientes, maletas y material acumulado.
Entre las carencias señaladas por el sindicato figuran duchas con suministro intermitente de agua caliente, ventilación insuficiente, ventanas deterioradas o rotas y una climatización inadecuada para las temperaturas propias del mes de agosto en la ciudad autónoma, donde el calor y la humedad se combinan con la concentración de decenas de personas en espacios reducidos. La CEP añade que los colchones utilizados por los agentes estarían antiguos, deteriorados y con manchas.
Según Gutiérrez, ese ambiente «dificulta seriamente el descanso y la convivencia de quienes, pocas horas después, deben volver a estar en condiciones de prestar un servicio policial de máxima exigencia». El portavoz sostuvo que «no hablamos de hoteles, lujos ni privilegios, sino de que un funcionario pueda regresar de un servicio extraordinario y acostarse sobre un colchón limpio», y añadió que «el listón no puede estar más bajo y, aun así, Interior ha conseguido pasar por debajo». El sindicato afirma que esa imprevisión «se ha convertido en la marca de la casa de Interior».
El Ministerio del Interior no ha realizado, hasta el momento, declaraciones públicas sobre las condiciones descritas por la CEP en relación con el despliegue en Ceuta. El departamento dirigido por Grande-Marlaska dispone de mecanismos de interlocución con los sindicatos policiales a través de la Dirección General de la Policía y de la Subsecretaría, y a esas vías corresponde la eventual respuesta institucional a la queja.
Frontera con episodios recurrentes de presión
Ceuta, junto con Melilla, constituye una de las fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano y ha sido escenario histórico de episodios de presión migratoria intensa. El más relevante se produjo en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron a la ciudad autónoma en apenas unos días en el marco de una crisis diplomática con Marruecos, un episodio que obligó al despliegue urgente de refuerzos policiales y militares. Estos picos de actividad han planteado de forma recurrente la cuestión del alojamiento temporal de los agentes trasladados desde la Península.
El marco que regula las comisiones de servicio de la Policía Nacional se recoge en la Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional y en los acuerdos de condiciones de trabajo, conforme a los cuales la Administración debe garantizar alojamiento y manutención durante los despliegues. Las quejas sindicales pueden trasladarse a la Dirección General de la Policía y derivar en inspecciones o en la habilitación de instalaciones alternativas.
La gestión de los efectivos desplazados a puntos de frontera ha sido, en distintas legislaturas y con gobiernos de distinto signo, motivo de fricción entre Interior y los sindicatos policiales, que reclaman de forma recurrente mejoras en las condiciones de alojamiento, complementos retributivos por las comisiones de servicio y una mayor planificación ante situaciones previsibles por su recurrencia estacional. Otras organizaciones del ámbito policial han planteado quejas de perfil similar en operativos de refuerzo en Ceuta, Melilla y Canarias en años anteriores.
La denuncia de la CEP se inserta en el debate público sobre el control de la frontera sur, con Ceuta como uno de los enclaves de referencia. En ese marco, las condiciones de los agentes desplegados adquieren una dimensión que trasciende lo estrictamente laboral y se entrelaza con la discusión política sobre la gestión de fronteras española y europea.
Queda por ver si el Ministerio del Interior emite una respuesta formal a las denuncias sindicales o si se adoptan medidas correctoras en las instalaciones señaladas. El sindicato ha planteado la posibilidad de solicitar una reunión urgente con responsables de la Dirección General de la Policía para abordar tanto las condiciones de alojamiento como una eventual compensación económica para los agentes afectados por el despliegue extraordinario en la ciudad autónoma.
